El abastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud panameño no es un tema nuevo ni aislado. Es, en realidad, un reflejo de cómo se han articulado —o desarticulado— las funciones técnicas, administrativas y políticas a lo largo del tiempo. Por ello, ante recientes declaraciones del director general de la Caja de Seguro Social sobre la pérdida de medicamentos, particularmente de alto control y fiscalización como el fentanilo, conviene hacer una reflexión serena, basada en la evidencia y orientada a soluciones.
Reducir el problema del desabastecimiento o de la pérdida de insumos a la actuación del profesional farmacéutico no solo resulta injusto, sino técnicamente impreciso. El farmacéutico cumple un rol fundamental en la cadena del medicamento: custodia, almacenamiento, dispensación y control. Sin embargo, no es el responsable primario de los procesos de compra, planificación de la demanda ni logística de distribución a nivel nacional.
Estas funciones recaen, de manera estructural, en los sistemas de compras públicas y en las instancias administrativas encargadas de la planificación y abastecimiento. Es allí donde deben analizarse las fallas: en la programación, en la ejecución de licitaciones, en la logística de distribución y en los mecanismos de control.
Panamá no carece de herramientas legales para enfrentar este desafío. La actual Ley 419 de medicamentos, que recoge y moderniza disposiciones previas, mantiene mecanismos como la subasta en reversa, concebida precisamente para garantizar mayor competitividad, transparencia y mejores precios, sin sacrificar la calidad ni la eficacia de los productos. Este instrumento permite que el Estado establezca precios de referencia y promueva una competencia real entre oferentes.
La pregunta, entonces, no es si existen mecanismos, sino por qué no se utilizan de manera sistemática y eficaz. La experiencia histórica ofrece lecciones valiosas. Durante la administración de Guillermo Endara Galimany, en un contexto particularmente adverso tras la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989, se alcanzaron niveles de abastecimiento cercanos al 94%. Este dato no pretende idealizar el pasado, sino evidenciar que, incluso en condiciones de limitación, fue posible articular respuestas eficaces.
Hoy, el país cuenta con mayores recursos financieros, un marco normativo más robusto y avances tecnológicos que facilitan la gestión. Sin embargo, persisten problemas de abastecimiento oportuno. Esto obliga a replantear el enfoque: no se trata de buscar responsables individuales, sino de revisar integralmente la cadena de suministro del medicamento.
Un sistema eficiente requiere:
Planificación basada en datos reales de consumo
Procesos de compra oportunos y transparentes
Uso efectivo de herramientas como la subasta en reversa
Logística moderna y trazabilidad de insumos
Claridad en la asignación de responsabilidades
En este contexto, también es necesario fortalecer los mecanismos de control para medicamentos sensibles como el fentanilo, cuya naturaleza exige protocolos estrictos. Pero, incluso en estos casos, la responsabilidad es compartida entre múltiples niveles del sistema, desde la adquisición hasta la dispensación final. En atención a las sustancias sujetas a control nacional e internacional, hay otros actores profesionales; debemos preguntarnos si no existen otros aspectos puntuales que también deben revisarse, en lugar de sacrificar a los profesionales farmacéuticos para eximir a otros.
El debate público debe elevarse por encima de la confrontación. Señalar a un solo actor no resuelve el problema; por el contrario, puede debilitar la confianza en el sistema y desviar la atención de las soluciones estructurales que el país necesita.
Panamá tiene la capacidad institucional, legal y financiera para garantizar un abastecimiento adecuado de medicamentos. Lo que falta no es normativa ni recursos, sino coordinación efectiva, voluntad de ejecución y responsabilidad compartida.
El reto es claro: pasar de la reacción a la planificación, y de la asignación de culpas a la construcción de soluciones sostenibles.
El autor es farmacéutico y abogado.
