Lo ocurrido el pasado sábado 1 de julio durante la instalación de la primera legislatura del cuarto período de sesiones ordinarias del Órgano Legislativo panameño a nadie o casi nadie sorprendió. Los resultados ya habían sido anticipados, incluso oficialmente, mucho antes de las votaciones y de iniciada formalmente la escogencia de sus dignatarios, en la página web de la institución habían puesto el anuncio del discurso de quien finalmente sería elegida como la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, honorable diputada Yanibel Ábrego Smith.
Sin embargo, dada la imperfección del Estado panameño producto del excesivo presidencialismo, el clientelismo político y la desaforada corrupción de la “clase política”, de empresarios nacionales y de empresas transnacionales, como Odebrecht. En el parlamento nacional, aunque subordinado al Órgano Ejecutivo, se produjeron las primeras escaramuzas preeleccionarias de 2019, quedando evidenciada la correlación de fuerzas a lo interno de las tres principales fuerzas políticas de la cámara legislativa.
La fracción oligárquica varelista volvió a demostrar su fortaleza política a pesar de su diminuta fracción legislativa de 17 diputados al lograr imponer en la presidencia a una “desleal” diputada del CD, hacerse de las 2 vicepresidencias y 8 de las 15 comisiones permanentes, incluyendo las poderosas comisiones de Presupuesto y de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.
Cambio Democrático, en su condición de segunda fuerza política del país, exhibió en el aquelarre del 1 de julio, la lucha por el control del partido, donde 17 insubordinados diputados demostraron que no solo cuentan con la mayoría de su bancada, sino que constituyen la fuerza a batir en la reestructuración del otrora indiscutible partido de Ricardo Martinelli.
Del PRD, hoy sabemos que intentó infructuosamente arrebatarle el control de la Asamblea Nacional a la alianza varelista. Por otro lado, sus organismos de dirección (CDN) y la fracción parlamentaria establecieron la “línea” a seguir por sus diputados, marcando el estreno de una declarada oposición política, iniciativa afectada por el peso de los compromisos personales y de “recámara” de algunos de sus miembros. Pero que no solo es de ellos, sino también de altos dirigentes del partido y de otras personalidades, incluyendo un precandidato presidencial y un expresidente de la República. A pesar de todo lo anterior, podemos decir que existe un antes y un después del X Congreso Ordinario del PRD. Primero, todas las maniobras políticas en el proceso de elección de los nuevos notables de partido estuvieron signadas, en gran medida, por una legítima lucha de poder. Pero, lo ocurrido en la instalación del cuarto período legislativo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, tiene otra muy distinta connotación y debe ser analizado desde otra perspectiva. La conducta de cinco diputados de la “bancada” del PRD fue un acto de abierta insubordinación e indisciplina política, intolerable, sobre todo, en un partido que viene de regreso de un “pacto de gobernabilidad legislativa” que la mayoría de los panameños considera como cogobierno.
De manera que la cohesión política y la unidad partidaria que dependía de la firmeza con que fueran juzgados los actos de deslealtad de los diputados del PRD. Para sorpresa de algunos ilusos de las filas del otrora partido político socialdemócrata y torrijista, el directorio nacional reunido el pasado 8 de julio emitió una indulgente resolución solicitando una “investigación” de sus actuaciones el pretérito 1 de julio. Trapisonda que culmina con la designación de una comisión política integrada por los beneficiarios de las prebendas (contratos, embajadas, notarías, etc.) otorgadas por el Gobierno y con las cuales se mercadea la abdicación de la cúpula política del PRD a favor de la fracción oligárquica varelista. ¡Así de simple es la cosa!
