La frase “acta, non verba” (hechos, no palabras) tiene sus raíces en la antigua Roma, donde las acciones concretas eran más valoradas que los discursos vacíos o las palabras huecas. Este principio fundamental era promovido en la sociedad romana por importantes pensadores y filósofos como Séneca, quien argumentaba que el gobernante sabio debe actuar siempre en concordancia con la realidad para superar las dificultades, en lugar de conformarse con ser admirado por la emoción que despierte el anuncio o la mera mención de sus palabras.
En Panamá, por ejemplo, con relación al controvertido tema de la justicia, se ha hecho costumbre escuchar al presidente Mulino quejarse en repetidas ocasiones de que los agentes de la policía arriesgan sus vidas combatiendo la delincuencia al capturar a importantes líderes de pandillas ligadas al robo o al narcotráfico, y estos no reciben, de parte de los jueces encargados de administrar justicia, el castigo que se merecen y, peor aún, son devueltos a sus casas para que, desde allí, continúen realizando sus actividades delictivas, como si nada hubiese pasado. Estas declaraciones o denuncias no solo son rotundamente ciertas, sino que escucharlas resulta coherente con el clamor ciudadano, viniendo del presidente.
El problema radica en el hecho de que, paradójicamente, no hemos escuchado al presidente Mulino referirse o quejarse en los mismos términos cuando similar distorsión de la justicia se ha aplicado en favor, por ejemplo, de quien, habiendo sido condenado ante los tribunales de justicia panameños por haber esquilmado millonarios fondos a la nación, resultó favorecido con un salvoconducto por decisión del propio presidente Mulino para que, en lugar de pagar su pena, pudiera escapar de la justicia y, además, fuese recibido y atendido a cuerpo de rey por el embajador panameño a su llegada al nuevo escondite en Colombia. Todos saben a qué delincuente de marras, e incondicional amigo y mentor del actual presidente, me estoy refiriendo.
Además, no es el único caso en que las acciones del presidente no están en sintonía con sus palabras. Otro ejemplo, para nada casual, lo tenemos en la figura de Mario Martinelli, condenado y confeso de haber perpetrado una lesión al patrimonio del Estado por al menos $12 millones, a quien se le encontró reciente y convenientemente una falla en el proceso penal en su contra para dejarlo en libertad, por parte de nuestros flamantes jueces. Esos mismos jueces, señalados con razón por el presidente Mulino de dejar en libertad flagrante a los delincuentes comunes, al parecer no parecieron incomodar al presidente por esta igualmente aberrante decisión.
De igual forma, inexplicablemente, el presidente ofreció su anuencia personal para el perdón o rebaja de pena a la esposa de otro ladrón condenado por la justicia por esquilmar millones de dólares a la nación panameña. ¿Entonces en qué quedamos?
En definitiva, el núcleo de la corrupción estructural de nuestro sistema de justicia radica en el uso sistemático y discrecional del poder y las ventajas políticas e institucionales de quien lo ostenta. Mientras el poder pueda protegerse a sí mismo, la impunidad de los ladrones y maleantes de cuello blanco y afines al poder seguirá siendo parte del endeble sistema de justicia panameño.
Para lograr la existencia de un robusto sistema de justicia con consecuencias reales para el comportamiento delictivo, que a la vez actúe como agente disuasivo contra la actividad criminal a todos los niveles, es necesario contar primero con un mandatario que, al menos cuando se refiera al tema del ideal de justicia que todos anhelamos, esté dispuesto a actuar con hechos y no solo con palabras (acta, non verba).
El autor es pintor y escritor.
