LEGISLACIÓN NACIONAL DE ADOLESCENTES

Sobre el acto infractor y las sanciones a los menores

Sobre el acto infractor y las sanciones a los menores Sobre el acto infractor y las sanciones a los menores
Sobre el acto infractor y las sanciones a los menores

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”. Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

Cada vez que se produce el homicidio de una figura pública, como el más reciente asesinato del futbolista miembro de la selección nacional –muy lamentable y doloroso para todos los panameños– sale a la luz el maniqueo argumento del aumento de sanciones y la disminución de la edad de los niños objeto de responsabilidad penal, siendo lo más reprochable que a ese coro insensato de voces se sumen, demagógicamente, figuras políticas con aspiraciones presidenciales.

Considero sinsentido dichos argumentos, porque no se corresponden las cifras oficiales de actos infractores con la realidad jurídica de la legislación nacional de adolescentes; tampoco con la experiencia histórica penal y, sobre todo, porque no son congruentes con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según el primer Código Penal de la República de 1916 (libro tercero del Código Judicial), en la jurisdicción penal ordinaria el homicidio simple tenía una pena de entre 10 y 15 años de prisión (Art. 406), en dicha excerta la sanción para niños de entre 10 y 15 años de edad era de 5 años de prisión (Art. 103).

En el Código Penal de 1922, lejos de endurecer las penas de homicidio, estas se ablandaron y pasaron a ser de entre 5 y 15 años de prisión (Art. 311). En 1982, se estableció una pena de entre 10 y 20 años, que se mantuvo en el Código Penal de 2007. Es decir, en 100 años de existencia de la jurisdicción penal de los adultos –que cometen el 85% de los homicidios– solo se incrementó la pena en una ocasión, en 1982, y la pena aumentada fue tan solo cinco años.

A contrario sensu, respecto a la jurisdicción especial de adolescentes, en un periodo de tan solo 17 años se aumentaron las sanciones (en cuatro ocasiones) destinadas a los niños que cometen el 15% de los homicidios, así como también se ha modificado la edad para la responsabilidad penal. De cinco años de prisión por homicidio en un centro de cumplimiento y 14 años de edad para ser responsable penalmente, ha pasado en la actualidad a 12 años de prisión y 12 años de edad para la responsabilidad penal de los adolescentes.

Esto indica que, en un lapso de 100 años, la pena por homicidio de los mayores solo aumentó 5 años, mientras que en 17 años, la pena por igual delito cometido por los menores se incrementó en siete años.

Con respecto a esta anómala situación el Comité de Derechos del Niño, organismo de las Naciones Unidas, que evalúa y da seguimiento a la aplicación de la Convención por parte de los Estados, le manifestó a Panamá, en 2011, las siguientes observaciones: “El Comité expresa su preocupación por la alarma social en lo que concierne al aumento de la delincuencia infantil, que no está basada en la realidad ni en los datos oficiales de Panamá. El Comité observa con profunda preocupación las diversas reformas de la Ley No. 40 de 1999, realizadas a causa de esta injustificada alarma, que han tenido como consecuencia un debilitamiento de la protección jurídica de los niños que no se ajusta a la Convención”.

Al respecto, las cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales no pueden ser más elocuentes, de 72 mil incidentes policiales registrados en 2010, solo en mil 454 (2%) se vieron involucrados menores de edad; y de los mil 454 incidentes policiales con participación de menores, el 4% fueron homicidios.

De manera que el Estado panameño, en vez de escuchar las “voces agoreras”, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, debe prestar atención a tres aspectos relevantes de la problemática de nuestros niños:

1. La legislación debe responder al bien superior tutelado, esto es, a la niñez.

2. Debe estar acorde a la Ley 15 de 1990. La convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es protectora de los derechos humanos y es de carácter obligatorio para los Estados firmantes.

3. Debe existir la más firme convicción, por parte de los gobernantes, de que el camino correcto es la prevención de actos infractores, y no la represión salvaje de los niños y niñas. (La Convención sobre los Derechos del Niño define como niño a todo menor de 18 años).

Finalmente, hace 253 años Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, nos dejó el siguiente axioma jurídico: “Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada por las Leyes”. ¡Así de simple es la cosa!

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Consumo de producción agrícola ¿Qué provincia es el reino del aguacate?

En Panamá, 92 productores cultivan 363 hectáreas de aguacate de las variedades ‘simmonds’, choquete, ‘booth’ y criollo.
Archivo

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

no se reportan víctimas fatales Sismo de 5.8 grados de magnitud deja algunos daños en Ecuador

En Pasaje, provincia de El Oro (vecina a Guayas) se reportó la caída de la pared de una vivienda. En Pasaje, provincia de El Oro (vecina a Guayas) se reportó la caída de la pared de una vivienda.
En Pasaje, provincia de El Oro (vecina a Guayas) se reportó la caída de la pared de una vivienda. Tomado de Twitter

Un sismo de 5.8 grados de magnitud que sacudió hacia la medianoche del viernes la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador, ...

lucha contra el narcotráfico Estados Unidos insiste a Colombia en la necesidad de bajar producción de cocaína

El gobierno colombiano logró el año pasado la cifra de incautación récord de 378 toneladas de cocaína, frente a 253 en 2015. El gobierno colombiano logró el año pasado la cifra de incautación récord de 378 toneladas de cocaína, frente a 253 en 2015.
El gobierno colombiano logró el año pasado la cifra de incautación récord de 378 toneladas de cocaína, frente a 253 en 2015. AFP/Archivo

Estados Unidos destacó el viernes los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero insistió en la necesidad ...

cambio climático El planeta no se enfría si se enfría la cooperación

El financiamiento de la batalla contra el cambio climático y los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son temas polémicos. El  financiamiento de  la batalla contra el cambio climático y los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son temas polémicos.
El financiamiento de la batalla contra el cambio climático y los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son temas polémicos. Tomado de Twitter

El antagonismo de pasadas cumbres climáticas entre los países ricos  y aquellos en vías de desarrollo emergió en las ...