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Adelanto de elecciones: legítimo mecanismo de democracia

Como todos los ciudadanos panameños comunes y corrientes que residen en nuestro país, he sido testigo directo en los últimos días de la muestra de imparable descontento popular que se desató tras la forma tan expedita y autoritaria en que la Asamblea Nacional sometió a segundo debate, aprobó y luego avaló mediante firma del presidente el infame contrato minero con First Quantum Minerals .

La inmensa torpeza del gobierno al acelerar el procedimiento de ratificación del contrato fue la llama que no solo encendió la sospecha del pueblo, sino su ira. Era evidente que había una agenda de dudosos intereses económicos detrás de esta prisa inexplicable, pues el gobierno había hecho caso omiso de la primera ronda de debates sobre dicho contrato en la Asamblea, cuando expertos de talla profesional tanto locales, como extranjeros habían denunciado que la minería a cielo abierto en nuestro pequeño istmo era lo peor que le podía pasar al país, por su reducido territorio, por los daños de todo tipo y que no son ningún invento de ecologistas fanáticos, sino que se ven desde el mismo espacio sideral como una herida pustulosa.

Así que este gobierno al completo, indistintamente de que cualquiera de algunos “buenos” elementos hayan estado aportando su trabajo y creatividad, ha quedado más que desacreditado no solo ante el país, sino ante el resto de la comunidad internacional (una rápida búsqueda en Google genera resultados de artículos periodísticos de reconocidos medios como la BBC o la Deutsche Welle).

En cualquier democracia verdadera y con sentido de responsabilidad política, ya habrían renunciado no solo el presidente, sino al menos los ministros involucrados en la promoción de este contrato minero, y por supuesto los diputados de la Asamblea que ratificaron, por ausencia u omisión, dicho contrato. En lugar de esto, el Presidente ha salido varias veces a hacer comunicados no solo contradictorios y en algunos casos de dudosa legalidad, como la supuesta consulta popular que pretendía, que tuvo que dejar en envidencia el propio Tribunal Electoral. Asimismo, algunos diputados que firmaron o se abstuvieron o no asistieron a la firma han hecho declaraciones disculpándose con el electorado porque, oh pobrecitos ignorantes, ellos no sabían lo que estaban firmando.

El grito del pueblo es cada vez más alto, variado y representativo de toda la sociedad panameña, indudablemente originado en la juventud, que ha sido la que ha liderado todo este movimiento ciudadano. Estas manifestaciones no son ni remotamente monopolio de ningún grupo concreto, mucho menos ningún sindicato ansioso de protagonismo, por mucho que alguno haya ido en persona a acosar, al más puro estilo de matones mafiosos, a periodistas o medios de comunicación por denunciar algunos de sus inaceptables comportamientos violentos durante las manifestaciones. Las libertades de expresión y de prensa son pilares fundamentales de cualquier democracia seria. No vale discrepar por medio de amenazas violentas ni verbales ni físicas.

El fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia es urgente. Así como la Asamblea y el presidente pudieron actuar con urgencia para avalar el contrato minero, para su conveniencia, el pueblo tiene derecho ahora a exigir igual urgencia de la Corte Suprema de Justicia, que debe demostrar su verdadero patriotismo ante este inesperado y crucial reto político e histórico.

Una vez declarado inconstitucional el contrato minero, lo siguiente es adelantar las elecciones. El Tribunal Electoral ya había dicho, a propósito de la absurda consulta popular propuesta por el presidente, que llevaba dos años preparando la logística de las elecciones de 2024. Por tanto, desde el punto de vista de la organización, parece no solo posible, sino necesario, adelantar las elecciones, por ejemplo, a la primera semana (sería lo ideal) o última semana de febrero de 2024 (para evitar fecha de los carnavales).

Y a esto hay que agregar que, en el momento que escribía esta opinión, tenemos noticias de muertos debido a la falta de gobernabilidad seria del país, además de los numerosos heridos que ya ha habido.

Este país no aguanta más tiempo de este esperpento de gobierno. Es hora de que dejen el poder que tan mal han ejercido durante este quinquenio.

La autora es ciudadana


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