“Cuando las instituciones funcionan mal, el segmento de la población en condiciones vulnerables es el que más suele sufrir”. Esta es una de las consideraciones que aparecen en el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este informe denominado: Renovando las instituciones para el desarrollo humano sostenible, analiza la situación de la institucionalidad panameña y nos plantea la urgente necesidad de fortalecer nuestras instituciones para poder cumplir con los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Una de estas instituciones fundamentales es la administración de justicia, a quien le corresponde velar por los derechos humanos y las libertades de los habitantes. Si la gente no tiene acceso a instituciones que funcionen y les brinden confianza, seguridad y bienestar, entonces se acrecientan las desigualdades; en especial aquellas poblaciones en condiciones de pobreza o los que se encuentran en mayor vulnerabilidad de derechos.
Cuando la administración de justicia no tiene adecuadas instalaciones accesibles a todos, ni personal capacitado; cuando sus operarios no tienen estabilidad o no son nombrados por concurso de méritos y, por lo tanto, no existe garantía de independencia, los más afectados son los ciudadanos y usuarios del sistema.
Si en el sistema de justicia, desde los juzgados municipales, los magistrados, los defensores públicos, y todo el resto del personal del sistema -incluyendo los del Ministerio Público- no cuentan con un sistema de evaluación del desempeño, ni un sistema que investigue las faltas éticas y las violaciones a la ley por parte de estos funcionarios, entonces las personas con menos recursos, aquellas que no tienen como pagar un abogado, son las más expuestas a violaciones a sus derechos humanos.
En Panamá se han logrado en los últimos cinco años reformas fundamentales para la administración de justicia, sin embargo, se han quedado en el papel por falta de asignación presupuestaria. El ejemplo más dramático es el de la justicia comunitaria de paz, que se encuentra en total precariedad, afectando sobre todo a la gente de los barrios y las comunidades más apartadas. De 671 corregimientos que tiene el país solo tenemos jueces de paz debidamente nombrados, aproximadamente, en 240 corregimientos; pero que funcionan en condiciones deplorables.
Si queremos avanzar hacia el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre acceso a la justicia e instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, debemos hacerlo reforzando el trabajo de la Comisión de Estado por la Justicia y dando los recursos para que se haga el monitoreo de la implementación y el seguimiento a la agenda de la reforma judicial.
No solo se trata de la aprobación de Leyes, sino de fortalecer las instituciones para que ellas puedan responder a las necesidades de la gente. Modernizar la arquitectura institucional es esencial para garantizar el éxito de la Agenda 2030.
El Plan Estratégico Nacional 2030 hace referencia a la necesidad de actualizar la agenda del Pacto de Estado por la Justicia y define los énfasis a saber: fortalecer el sistema penal acusatorio, implementar la carrera judicial e impulsar la justicia comunitaria de paz.
En estos énfasis, se encuentra la esencia misma de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, pero se requiere la implementación de un plan, cronograma de seguimiento y monitoreo, además de la definición de un mecanismo de coordinación interinstitucional y una secretaría técnica que de acompañamiento a las instituciones del sector justicia.
La autora es abogada y activista de derechos humanos