El consumo de drogas en adolescentes panameños de entre 12 y 17 años representa un fenómeno social alarmante. Este espacio ofrece una reflexión crítica sobre el papel del trabajador social forense desde una perspectiva preventiva, proponiendo su incorporación activa en procesos de intervención temprana articulados entre el sistema judicial, las comunidades, el sector educativo y la familia. Se destaca la necesidad de políticas públicas estructurales que prioricen la prevención y el abordaje integral del riesgo juvenil.
En los últimos años, Panamá ha experimentado un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas entre adolescentes, especialmente en contextos urbanos marcados por vulnerabilidad estructural. Esta problemática se entrelaza con factores como la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la pobreza, el desempleo y el limitado acceso a servicios de salud física y mental. Ante esta realidad, surge la necesidad de replantear el rol del trabajador social —en particular, del trabajador social forense— como figura clave en la prevención y contención del riesgo juvenil, mediante acciones de prevención primaria en todos los escenarios donde se manifiestan riesgos desde edades tempranas.
El modelo panameño de intervención frente al consumo de drogas y el riesgo social tiende a ser reactivo, priorizando respuestas judiciales y sancionadoras. Sin embargo, esta lógica ha demostrado ser ineficaz para modificar los factores estructurales que empujan al adolescente hacia el consumo de sustancias y, en muchos casos, hacia el conflicto con la ley.
El trabajador social forense, desde su formación en la intersección entre lo jurídico y lo social, puede intervenir de forma preventiva, realizando diagnósticos situacionales, peritajes sociales y acompañamientos psicosociales que permitan identificar factores de riesgo antes de que se materialicen en conductas adictivas o delictivas. Su integración en equipos multidisciplinarios —junto a psicólogos, educadores, psiquiatras, abogados, médicos y otros profesionales de las ciencias sociales— permitiría generar estrategias más eficaces para proteger la salud mental y el desarrollo integral de esta población.
No obstante, el reconocimiento institucional de este perfil profesional sigue siendo limitado. Las políticas públicas no han incorporado de forma sistemática al trabajador social forense en los programas preventivos ni en los espacios escolares o comunitarios, lo que restringe su impacto potencial en la transformación del sistema de justicia juvenil y social, enmarcado en los derechos humanos y la prevención.
Desde una perspectiva profesional crítica, el trabajador social forense debe posicionarse como un actor estratégico en los programas de prevención del consumo de drogas en adolescentes, en diversos escenarios. No se trata únicamente de intervenir cuando se detecta un riesgo, sino de anticiparse a las señales mediante un enfoque interdisciplinario e integral.
Panamá necesita transitar de un modelo punitivo a uno preventivo, en el que la atención a la salud mental, la inclusión educativa y la protección social sean pilares centrales. Para ello, es urgente fortalecer la presencia del trabajo social forense en el diseño y ejecución de políticas públicas, reconociendo su capacidad para articular el derecho, la ética profesional y la justicia social.
La autora es trabajadora social.
