El sector ambiental panameño es amplio y mucho más complejo en su composición de lo que se cree comúnmente, esta variabilidad a su vez, dificulta la tan anhelada creación de algún tipo de unión general de ambientalistas.
Cada cinco años, durante los meses que preceden a las contiendas electorales, al menos desde el año 2004, varios de estos grupos, asociaciones e individuos se unen para confeccionar un documento denominado Agenda Ambiental, con el objetivo de que este, al ser firmado por los candidatos a presidente de la República, se convierta en un compromiso de gobierno.
La Agenda Ambiental 2014 – 2019, con sus múltiples peticiones de creación de instituciones, políticas, planes y programas, logró la creación del Ministerio de Ambiente. Además, y sin ánimo de ofender a nadie, el fuerte cabildeo del instrumento fue útil incluso para acercar a un grupo de líderes y activistas del sector ecologista que luego ocuparían posiciones de gobierno importantes dentro del engranaje resultante, en apariencia, fortaleciendo las posibilidades del cumplimiento de la agenda.
Por otra parte, y entrando en la autocrítica, el sector ecologista comparte con el gubernamental una exagerada confianza en “herramientas”: Leyes, decretos, resoluciones, que formalizan mandatos, creaciones de áreas protegidas, planes de manejo, manuales de buenas prácticas, estudios de impacto ambiental, planes de uso público y permisos, a tal grado que existen muchas personas dentro de este ámbito que realmente creen que un logro ambiental, es tener un nuevo papel en los archivos gubernamentales, mientras que fuera de la ventana apenas, se observa que el entorno agoniza.
Las peticiones de las organizaciones ambientales en la Agenda Ambiental hacia los futuros gobernantes, suelen ser eso: la creación de más instrumentos de gestión y no la exigencia de resultados positivos y tangibles al ambiente.
Resulta de este yerro compartido, que al final del día, se aparentan en una gestión numerosos “éxitos ambientales”, mientras que la naturaleza, el campo y la ciudad sufren de contaminación y deterioro progresivo que casi nadie se ha dignado a medir.
Hemos llegado a tal punto que las recientes y violentas agresiones hacia las áreas protegidas, han sido justificadas en instrumentos como planes de uso público, obviando tanto el orden jurídico, como cualquier elemento básico de racionalidad.
La próxima Agenda Ambiental, debería lograr que la gestión ambiental se mida, no solo en la cantidad de instrumentos o herramientas que se emitan, sino en los resultados científicos, provenientes del cumplimiento de las leyes que la rigen y todas basadas en el mandato siguiente: “El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas”. Esta debería ser la meta principal de cualquier agenda.
El autor es abogado