El agua como recurso natural no renovable , exige de los Estados modernos y responsables su misión protectora de la vida , por ende deben mirar este tema no solo desde la óptica científico-técnica, sino que los reta a revisarlo desde la concepción de los derechos humanos y políticos , conllevándolos desde este punto de vista a comprometerse con la construcción de una política estatal que garantice el agua como un derecho fundamental y esencial para el derecho a la vida.
Para comprender esta exigencia a los Estados, debemos entender que el agua es uno de los recursos naturales no renovables más abundantes en la tierra, abarcando las ¾ partes del planeta , y de ellas, el 97% es agua salada no apta para consumo de la población , solo el 2.53% es dulce y usada en las actividades de los seres humanos, este hecho no es muy claro en la conciencia social, porque hasta hace poco tiempo considerábamos que el agua era inagotable, pero con la llegada del calentamiento global, la explotación desmedida de la minería, las asimetrías sociales, la ambición del sistema financiero por deforestar para construir grandes edificaciones y condominios, adicionalmente las exigencias y condicionamientos a países en desarrollo por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la distribución desigual de las riquezas con el aumento de la pobreza a escala mundial , todo eso y más , ha impactado decididamente en el derecho y la forma en quela ley regula el agua.
Mundialmente no existe , por ahora, ningún instrumento vinculante que regule de manera expresa y autó́noma el derecho humano al agua, aunque sí́ encontramos algunos instrumentos de derecho internacional no vinculantes como los generados en el seno de la Asamblea General de la Naciones Unidas o en otros foros internacionales, producto de la necesidad de que todo ser humano debe tener acceso a un mínimo vital de agua de calidad para garantizar la subsistencia de la humanidad , razones por las cuales el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) lo haya construido a partir de la interpretación de otros derechos civiles y políticos : propiedad, vida , alimentación , educación , integridad y no discriminación.
En Panamá, por ejemplo , existe la legislación de aguas, que se rige por el decreto ley 35 de 1966, y recientemente normas de Copanit de 1999 (MICI), que tiene que ver con las aguas potables y las residuales , varios estudios sobre el agua de Cathalac y el Pnuma de las Naciones Unidas , y actualmente transita en la Asamblea de diputados la discusión del proyecto de ley 485 , sobre la protección del medio ambiente en general, pero no del agua, motivada intencionalmente para ser paliativo del medio ambiente frente al desenfrenado afán del desarrollo económico de Panamá, que representará en el corto plazo un alto costo para el Estado, porque se ha modificado el cauce de ríos , en la ciudad , en el campo y en las zonas costeras , donde la actividad humana no será sostenible porque muchas decisiones políticas han favorecido los intereses de unos pocos , por tal razón, la sociedad civil se mantiene atenta a estas nuevas medidas, por ser inconsultas.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), más de la mitad de la población mundial puede tener problemas de suministro de agua a partir del año 2050, sea o no cierto este vaticinio, la humanidad no puede conformarse con tomar medidas individuales siguiendo la consigna de cerrar el grifo y ahorrar, si bien esto es necesario, debemos preocuparnos por concientizar y educar científica y políticamente a nuestros ciudadanos, movilizarlos y advertir de los verdaderos intereses del sistema financiero mundial asociados con las grandes compañías multinacionales de la gestión de aguas, como Nestlé , RWE , Suez , Veolia , Vivendi, que son apoyadas por los gobiernos de los países desarrollados y a la ONU , en sentencias que transformaron el agua en un activo económico (Dublín 1992) , una mercancía para responder a una economía de mercados, desde entonces el agua es el oro azul, que al igual que el oro negro ocasionará guerras y explotación de la humanidad.
Panamá tiene en el contexto universal un compromiso histórico con su población y con la humanidad, porque el camino está lleno de cumplidos y favorecimientos por todos los gobiernos que la han dirigido desde el nacimiento como república.
El nuevo gobierno debe presentar un programa de Estado, con el compromiso de legislar exclusivamente sobre el agua y la protección de sus fuentes, y los ciudadanos tienen que transitar unidos para hacer del agua un recurso natural que llegue a todos, para vivir en condiciones dignas, y que exijan al Estado que garantice un mínimo vital a la población más pobre y vulnerable de este país.
El Estado panameño tarde o temprano necesita asegurar una ley de agua que impida que los gobiernos de turno manejen el tema a su antojo, porque nuestra economía está basada en el agua, y debe existir una integración entre la economía y la biodiversidad, que es una de las más abundantes del mundo, si esto es así, debemos iniciar cuidando nuestras fuentes, los bosques, los manglares, los humedales y acompañar las luchas de las poblaciones indígenas que requieren mantener sus tierras y el agua para el sustento no solo de sus territorios, sino de nuestras ciudades, por eso es legítimo el rechazo a la construcción de algunas hidroeléctricas, y debemos exigir al Estado la generación de energías limpias como la eólica y la solar, porque el agua no es un negocio, solamente debe servir para vivir dignamente y en paz.
El autor es escritor y analista político