Conflicto de intereses es un concepto que este gobierno no entiende. O que les importa tres hectáreas de pepinos. Un ejemplo de esto es el contrato minero.
Veamos. Dos ministros, Rafael Sabonge y José Alejandro Rojas, son socios en Grupo Urbe. Por cierto, el conflicto arranca así: dos ministros fueron designados siendo socios. Bueno, Grupo Urbe le hizo el proyecto residencial Casa Pintada a Minera Panamá. Fue antes de ser ministros, sí, pero la empresa siguió construyendo el proyecto con ellos ya como ministros, y Sabonge firmó la resolución de Gabinete para mandar el contrato a la Asamblea, claro que sin declararse impedido.
Rojas no firmó esa resolución porque él es ministro consejero, ese cómodo cargo que da poder sin responsabilidades legales. Pero tiene, además, otros dos conflictos de interés. Es primo hermano de Manuel Aizpurúa Rojas, gerente de Legal en Minera Panamá, quien negoció por parte de la empresa. Y fue uno de los que cabildeó con los diputados la aprobación del contrato. De hecho, llamaba a líderes de gremios empresariales a pedirles que fueran a la Asamblea a hablar bien del contrato.
Otro que en el Consejo de Gabinete avaló el contrato minero fue Aristides Royo, el ministro del Canal. Él es socio de Morgan y Morgan, que negoció por la minera los dos contratos inconstitucionales. Peor aún, cuando se dio el conflicto entre el agua del Canal y el agua de la mina, él como ministro del Canal ni emitió opinión. De hecho, se separó de la discusión del contrato de Panama Ports alegando que era socio de Morgan, que representaba a la empresa. Con el contrato minero no hizo lo mismo.
Pero hay más conflictos de interés. Cuando Federico Alfaro asumió el ministerio de Comercio, la firma Arias Fábrega y Fábrega, en la que él es socio desde 2017, era la que negociaba con la mina por parte del Estado. A los meses cambiaron de firma, lo cual sería plausible si no fuera porque contrataron a Ebrahim Asvat, el tío directo de Saleh Asvat, secretario de la Asociación Público-Privada. De hecho, fue Saleh Asvat quien sustentó el contrato a la bancada del PRD para que lo aprobaran. Y la firma de Asvat, Patton, Moreno y Asvat, alegó a favor del contrato en representación del MICI en la recién fallada demanda de inconstitucionalidad. Eso después de que los dos procuradores, Javier Caraballo y Rigoberto González, opinaran 10 veces, en 10 demandas distintas, que el contrato era inconstitucional, y después de que Federico Alfaro le pidiera a Rigoberto González reservarse su opinión.
Ah y sobre Federico Alfaro, su papá Eloy Alfaro es el presidente de Gese, grupo que edita los diarios La Estrella y El Siglo, que tienen una abierta línea editorial a favor del gobierno. Grupo propiedad de Abdul Waked, que a su vez es tío de Ali Waked, coordinador de Planes y Programas de la Presidencia.
Otro conflicto de intereses es el del diputado Roberto Ábrego, que participó de la negociación como presidente de la comisión de Comercio, y después aprobó el contrato en la Asamblea. Además, presidió la comisión de Comercio cuando esa comisión asumió una conducta que la Corte calificó como inconstitucional, que fue la de pedirle al Ejecutivo que retirara el proyecto y le hiciera modificaciones, en vez de votar sí o no que es lo que les faculta la Constitución hacer. O sea, él causó parte de la inconstitucionalidad del contrato. Dos causales, de hecho, llevan su nombre, porque también presidía la comisión cuando se hicieron las consultas ciudadanas que la Corte invalidó. Y como cerecita, Ábrego era directivo del Canal. Otro conflicto, porque fuera de que vota el presupuesto del Canal, como directivo tenía que defender el agua del Canal, y no dijo ni mú.
Hay más. Milciades Concepción, el ministro de Ambiente, y su secretaria general Amelie González, fueron consultores ambientales de la concesión minera de Cerro Quema, también representada por Morgan y Morgan. Ella, de hecho, cortó la cinta en la Expo Minera 2023 en plena negociación del contrato.
Otra. El vicepresidente y candidato presidencial, Gaby Carrizo, era el abogado de Petaquilla, la concesión original de la cual salió First Quantum.
Y finalmente tenemos a Nito Cortizo, que ahora sancionó el contrato como presidente de la República. Nito presidía la comisión de Comercio en 1997 cuando se aprobó el primer contrato inconstitucional, y para colmo, diputado del circuito donde estaba la mina.
Paradójicamente, quien inició esta negociación fue Ramón Martínez, el ex ministro de Comercio que ahora es embajador en EU. El arbitraje anunciado por la minera sería en ese país, por lo que a Martínez le correspondería acompañar a la defensa legal del Estado en ese arbitraje. De un contrato en cuya negociación él participó. Ah, y él también le pidió al procurador reservarse su opinión.
Demasiados conflictos, como ven. Conflictos evidentes y directos que violan abierta e impunemente los artículos 7, 8 y 13 de la ley de conflicto de interés, ley promulgada hace 15 meses, pero que convenientemente no ha sido reglamentada. Y estos conflictos son en un solo tema. ¿Se imaginan todo lo que hay bajo la mesa en otros temas?
