No hay registros de una sola inspección ni fiscalización del Ministerio de Ambiente a Cobre Panamá ni en el 2022 ni en el 2023. O sea, la empresa pudo haber hecho y deshecho a sus anchas y sin control. Eso, a pesar de que los informes hasta agosto de 2021 (que fue cuando se hicieron por última vez), planteaban daños ambientales graves como incumplimientos del estudio de impacto ambiental, contaminación de fuentes hídricas y mortandad de peces, entre otros. Incumplimientos por los que, en algunos casos, no en todos, se le impuso a la minera una multa. Multa que, como en tantos otros casos, no hay pruebas de que haya sido pagada. El típico chifeo diplomático: “el caso sigue su curso en debido proceso”.
Pese a los incumplimientos y la multa no pagada, Minera Panamá continuó extrayendo minerales hasta noviembre pasado sin supervisión de las autoridades, y así logró la firma de su nuevo contrato ley, hoy declarado inconstitucional por la Corte. El ministro Milciades Concepción se convirtió, de hecho, en uno de los más férreos defensores de ese contrato. Aún sin haber dejado registros de que los inspeccionó por más de dos años. Decía, incluso en medio de la crisis minera, que la mina había sido responsable y que el gobierno no se había equivocado, y advertía que si la mina cerraba se iban a cortar los subsidios. Concepción y su secretaria Amelie González, fueron consultores ambientales de Cerro Quema, representada por la misma firma de Minera Panamá. Ella, de hecho, cortó la cinta en la Expo Minera 2023 en plena negociación del contrato.
Volviendo al tema, esa de los incumplimientos no es la única multa que al parecer no fue pagada. Esta semana nos enteramos de que el Ministerio de Ambiente y Minera Panamá no se ponen de acuerdo en si la mina ha pagado los casi $12 millones que le debe al Estado para la compensación ecológica o no. La empresa asegura que no debe nada y el ministro dice que la mina no ha pagado eso. Y ninguno prueba lo que dice.
La empresa podría sacar el recibo de lo pagado y así mostrar la prueba de lo que aseguran. Pero bueno, ya sabemos que su comunicación no ha sido precisamente su fuerte. Y también sabemos que a quienes tenemos que exigirles rendir cuentas es a nuestros funcionarios, no a una empresa. Lo cierto es que un ministro que se respeta no deja, en un tema tan serio, que sea su palabra contra la de la contraparte. ¿Cómo él no ha certificado con el MEF que no han recibido esa plata y que en la auditoría (que en teoría les están haciendo) están pidiéndoles información de eso? Es que ni siquiera sabemos cuánto deben aparte de esos $12 millones, porque eso es una deuda de 2012 a 2018. Se está acabando el gobierno, Concepción tiene cuatro años y medio en el cargo y todavía no dice cuánto es lo que realmente deben. Ni tampoco porqué nunca ejecutó el cobro coactivo que la Procuraduría de la Administración le sugirió hacer desde el año 2019.
Y no solo eso. Miambiente tampoco ha dicho cuántas hectáreas tiene la tina de relave de la mina que está en un perímetro fuera del área de la concesión pero que las autoridades, siempre generosas ellas, les cedieron. Hay un mapa satelital que da una idea aproximada. Pero de qué año es el mapa, tampoco sabemos.
El verdadero problema aquí es la opacidad y la debilidad institucional. ¿Cómo es posible que tengamos leyes, multas, funcionarios, inspectores y mucha, mucha plata, pero no tengamos la capacidad de supervisar, fiscalizar, auditar y exigir el cumplimiento del pago de las multas?
Y no tratemos de tapar el Sol con un dedo. El problema también es el ministro. Si no pudo supervisar la mina cuando estaba operando ni dar seguimiento a los principales riesgos ambientales, ¿cómo podrá asegurar su cierre y los peligros que eso conlleva sin que terminemos como con la mina Molejón, de Petaquilla Gold, que era 10 veces más chica que la de Cobre Panamá? Esa mina detuvo operaciones en 2014 y dejó tirados tanques enormes oxidados que cuando se desbordan por las lluvias contaminan el río Molejón, del que viven miles de personas. Entre otros sopotocientos daños ocasionados.
Es que la incapacidad es total. Y la atornillada al cargo, también. Y si Concepción no quiere renunciar, ¿para qué tenemos presidente? Aunque… ¿tenemos?
