La ley del Seguro Social es complicada y técnica hasta para los que entienden del tema. El tema es que necesitamos entenderlo todos.
La Caja tiene cuatro problemas. Bueno, miles, pero cuatro papás problemas. Primero, el flujo de caja. Cómo solventar el pago de las pensiones de los que ya están en el sistema, que la relación cotizante jubilado está casi a la par y que cada vez habrá menos cotizantes para pagar esas pensiones. Eso hace que el déficit sea creciente.
Dos, la sostenibilidad del sistema. Cómo hacer que los que hoy aportan mañana tengan su pensión, y cómo garantizarles a los que están en el sistema mixto de cuentas de ahorro personal una mejor pensión que la que hoy dan.
Tres, cómo mejorar la atención médica y el abastecimiento de medicinas. Y cuatro, cómo gobernar una institución que maneja casi 25% del presupuesto general del Estado con una estructura ministerial que tiene a un director y a un subdirector (que muchas veces no son compatibles) con tantas regulaciones y limitaciones y con tan pocas herramientas y facultades para resolver.
Lo positivo del proyecto es que finalmente se aborda el tema y se apunta a la solución de esos problemas. No afecta a los que les faltan hasta siete años para jubilarse, no se toca la cuota de los obreros, y se mantienen las 240 cuotas como referencia de años de servicio y la tasa de reemplazo del 60%. Permitiría el retiro a la edad que las personas quieran con una pensión mínima de $265. Y a los que no alcanzan las cuotas, el gobierno les cubriría lo que les falta para llegar a la pensión mínima. Eso no lo establece la ley actual. Y la pensión básica universal de $144 a los 65 pasa al Seguro.
El flujo lo intenta enfrentar asignando por ley el dinero que el Estado debe poner. $966 millones. La ley actual habla del monto que el Estado tenía que poner, pero no hablaba de un fideicomiso de máximo $140 millones por año, sabiendo que era insuficiente. Y los gobiernos aportaban el mínimo. Ahora se está poniendo la cantidad y se establece como obligatoria. La pregunta es cómo financiarán eso sin afectar los ya terribles servicios.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema se modifican dos de las variables paramétricas, haciendo un sacrificio todos: el Estado, los empresarios y los trabajadores. El Estado aportando obligatoriamente, como decía, los empresarios aumentando el 70% su cuota, y los trabajadores trabajando tres años más. En este punto hay quejas de todos los sectores. Válidos algunos -como el 70% que podría causar un hueco en las finanzas, empleos y precios finales- pero esperables todos.
En el proyecto se plantean medidas, no tantas ni inmediatas, pero se plantean, para coordinar un esfuerzo entre el Minsa y la Caja, sobre todo en la la compra conjunta de medicamentos. Y, no al 100%, pero se mejora la gobernanza y los procesos, le da más facultades al director y permite a la entidad actuar como ente financiero para que las inversiones sean rentables.
La principal duda se resume en la falta de confianza, por la poca credibilidad de que los gobiernos van, ahora sí, a garantizar los fondos. De dónde va a salir la plata que aportará el Estado, o sea, nosotros. De cómo ahora sí van a recaudar lo que es, cuando eso nunca ha pasado. De que un privado maneje las finanzas de la Caja con chanchullos. De que no haya certeza de que todos manejamos los mismos números. De que digan que crearán una cultura de evaluación y resultados y modernizarán el sistema, cuando lo primero es etéreo y repetitivo y lo segundo en teoría vienen haciéndolo desde hace años. De que incluyan a los informales, sí, pero sin sangrarlos. Otra vez, desconfianza. Y fundada.
Y por otro lado, la duda es por qué el proyecto no incluyó otras cosas que son una zancadilla para la Caja, como los beneficiarios (hay tres por cada cotizante), y del presupuesto central, las impresentables exoneraciones y las jubilaciones especiales.
La desconfianza es 100% legítima… y el debate apenas empieza.
