El narcotráfico tiene cada vez más poder. Y ese poder le ha permitido llegar al gobierno, desde donde hace crecer su operación a costas de todos. Lo advirtió Mulino siendo ministro de Seguridad al menos tres veces en 2012. Pero, igual que todos los que lo han dicho, no presentó denuncias de la cada vez más estructurada narcopolítica.
Noriega dejaba a los narcos mover su droga por Panamá a cambio de una tajada. Panamá era un destino clave por su ubicación y economía, y sigue siéndolo. Eso incluye áreas poco vigiladas (bingo) y Darién, donde explotan a los migrantes con la complicidad de los funcionarios.
¿Pero cómo llegamos a eso? Hasta hace 15 años, los partidos se cuidaban al decidir quiénes iban a representarlos. Pero los diputados empezaron a tomarse los partidos y se perdió el filtro. Un filtro imperfecto, porque se colaban donantes criminales como pasó en 1994 con Castrillón Henao en la campaña del Toro, pero que existía. Luego, como en Colombia, empezaron a llegar los propios criminales, cubriéndose de paso con el fuero. Y país que permite a narcos establecer franquicias en el gobierno, se vuelve un narcoestado en el que los criminales ponen la regla y el gobierno pierde el poder. Aquí la narcopolítica está inmersa en el sistema. En todos los partidos. Y como no hay instituciones fuertes, el flagelo es peor. Pasan leyes laxas y paran las que podrían afectarlos (como la extinción de dominio), y así van invadiendo el sistema.
No vayamos lejos. Veamos al hijo de Pineda, un diputado con vínculos oscuros y allegados asesinados que hasta ahora había sido intocable. O al diputado Isaac Mosquera, del Molirena, que tiene dos procesos pendientes por narcotráfico.
No solo en la Asamblea pasa eso. Hay funcionarios de Aduanas, de puertos o policías, que les soplan a los narcos (y a sus pandillas locales subcontratadas) las rutas seguras. Esa información privilegiada les permite eludir los controles y crecer su negocio. O con informantes legales, lo que les permite estar por delante de la justicia. De hecho, en cada gran operación de los últimos tres años han caído al menos tres funcionarios.
Los Wikileaks lo advertían desde 2010. En 2017 se desmanteló una red de narcotráfico con vínculos al entonces alcalde Pany Pérez. Ese mismo año se supo que funcionarios panameños vendían la droga confiscada en vez de quemarla. En 2020 arrestaron al gobernador de Guna Yala con coca. Días antes, se tomaba fotos con Nito Cortizo. En 2023 el Índice Global de Crimen Organizado calificó en 4.8 de 10 nuestra capacidad de resistencia al crimen, por debajo de la media regional.
En marzo de este año el magistrado Alfredo Juncá dijo que la infiltración de dinero ilícito en las campañas era preocupante. Y sí, la fiscalización de las donaciones es nula. Y no tenemos una Fiscalía Electoral que castiga el clientelismo, que es como “limpian” la plata sucia. Ni destacamos por los programas de cooperación técnica. Ni por la protección al denunciante, ni por la aplicación de penas. Ni por partidos que postulan a los mejores, ni por políticos que denuncian. Son muchas fallas.
Para acabar, a los diputados no los investiga el MP sino la Corte. Entonces si el MP le remite a la Corte un informe de un diputado, la Corte lo anula porque el MP no puede investigar a los diputados. Si lo avanza poco, dice que no es suficiente. Y en ese jueguito gana la impunidad.
Por ejemplo, cuando el diputado del Parlacen Carlos Outten se metió a la fuerza a Panama Ports fue aprehendido in fraganti. Y la Corte declaró ilegal la detención. Con el oro de Zulay el MP recibió la denuncia, la mandó a la Corte, y la respuesta fue que no había prueba idónea: que investigaran y lo volvieran a mandar. Así se hizo, y la Corte nunca imputó cargos. Porque tienen a su favor no solo la prueba idónea, sino la investigación cruzada. ¿Qué magistrado va a investigar a un diputado que luego lo puede investigar? Entonces cuando perdió la curul la Corte le devolvió el caso al MP. Y ahora toca correr porque uno de los delitos está por prescribir.
¿Y qué ocurre con los reportes de la Uaf sobre operación sospechosa bancaria de un diputado, que no son prueba, pero sí noticia para empezar un caso? El MP lo manda a la Corte, la Corte dice que no hay prueba idónea… y ya. Eso ha pasado al menos dos veces en los últimos tres años. Con los poderosos, la justicia está diseñada para no funcionar. La narcopolítica se enquistó e institucionalizó.
Este fenómeno se recrudeció en el gobierno Cortizo, cuando empezaron a matar políticos en actos públicos. Aquí hay áreas en Colón, San Miguelito, Pacora, Mañanitas y otros donde ni la Policía se atreve a entrar. Y qué decir de los candidatos, que prefieren no correr, lo cual le deja más espacio a la narcopolítica. Plata, territorio y poder: el mix ideal.
Y si la justicia no actúa, está en nosotros sacarlos. ¿Pero qué hacemos? Los reelegimos. Está el narcoestado a un paso, y del otro lado, un estado fallido. Y hasta que no aprendamos a elegir, esto es lo que tendremos. El ratón cuidando el queso.
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