Tenemos tribunales con goteras, juzgados sin papel ni internet, y ciudadanos que esperan años por una sentencia, pero la Corte autorizó gastar $15 millones en una póliza colectiva de vida, salud, accidentes y lesiones personales para su personal.
El contraste es más insultante todavía si se toma en cuenta que la Corte duplicó en tres años lo que gasta en ese renglón. La póliza anterior, de 2022 a 2025, fue adjudicada en $7.5 millones, terminó en $11 millones tras dos adendas, y ahora sube a $15 millones. Justicia pobre, pero funcionarios asegurados.
Y mientras aquí se blindan beneficios, en otros países ocurre lo contrario. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa firmó en junio un decreto que prohíbe a las instituciones pagar seguros de salud privados para sus funcionarios. Solo se permiten pólizas de vida para personal en riesgo, y las de salud privadas no se pueden renovar. ¿La lógica? Racionalizar el gasto y eliminar privilegios frente al sistema público.
En España, el sistema de seguros para funcionarios tambalea: los costos médicos superan las primas, los jóvenes prefieren la sanidad pública y las aseguradoras amenazan con retirarse. En Ecuador se cortó de raíz; en España se derrumba solo. ¿Qué es más efectivo: un decreto firme o un colapso financiero que obliga a repensar todo?
Los privilegios aquí son en cadena. El Judicial no está solo. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública —con todos sus estamentos—, la ACP, el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, la Superintendencia de Bancos y la de Seguros también disfrutan del mismo beneficio.
Y sí, la ley lo permite. Pero que sea legal no lo hace correcto. Es desproporcionado gastar $15 millones en seguros privados cuando hay juzgados que ni siquiera tienen condiciones mínimas para trabajar. El presupuesto judicial debería servir para garantizar justicia rápida y eficaz, no para blindar beneficios particulares.
La decisión refleja algo más grave: la desconexión con la realidad. El mensaje es que la Corte se protege a sí misma mientras el ciudadano sigue esperando justicia… y salud. Y es que el problema no es solo el monto, sino la inequidad. Mientras se financian seguros privados con dinero público, también se destinan miles de millones al Seguro y al Minsa… sin que eso se traduzca en mejoras. Entonces el Estado paga doble.
El mensaje implícito es todavía más profundo: ni siquiera los altos funcionarios confían en lo público. Basta ver el caso del exministro de Salud Paco Sucre y el del expresidente Laurentino Cortizo, que cuando enfrentaron el cáncer buscaron atención fuera del país. Más allá de lo personal y de sus posibilidades económicas, es un reflejo político: si ni los gobernantes creen en el sistema de salud panameño, ¿qué nos queda a los demás?
El debate no es si un trabajador debe estar asegurado, sino quién paga la cuenta. En el sector privado, los seguros colectivos los paga la empresa. En el sector público, los pagamos todos. Y en un país con hospitales saturados y citas médicas a meses de distancia, esa diferencia es injusta.
Si la salud pública funcionara, no habría necesidad de gastar millones del erario en seguros privados. Pero como no lo es, se perpetúa un círculo vicioso: lo privado se justifica con dinero público, debilitando aún más lo público. La verdadera injusticia no es que un funcionario tenga seguro, sino que solo algunos lo tengan… y que sea con la plata de todos.
