Se reactiva la controversia entre taxistas y conductores de plataformas (Uber, Indriver, Didi, entre otras), en la discusión en primer debate del proyecto de Ley 986, “que establece el marco regulatorio para el uso de plataformas tecnológicas de la información y comunicación en el servicio de taxi de lujo ofrecido por los concesionarios de certificados de operación de las empresas prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros”.
Más allá de los elementos técnicos, si es que los hay, del proyecto de Ley 986, la intención de esta reflexión es darle prioridad a las necesidades de un sector que, por más irónico que parezca, ha sido el eterno ausente de toda consideración para la búsqueda de soluciones y alternativas al problema de transporte, y que se ha perpetuado como el eslabón más débil y ninguneado de la cadena, los usuarios.
Y es que somos nosotros, los usuarios, quienes nos vemos directamente impactados por las decisiones gubernamentales en el sector del transporte y aún así, nuestros intereses y derechos parecen ser los últimos que se toman en consideración al momento de tomar decisiones en este rubro. Por ejemplo, cuando el Estado decidió otorgar una indemnización a los “diablos rojos”, el gobierno entregó elevadas sumas de dinero para que los buses salieran de circulación, sin embargo, y al mismo tiempo, a las víctimas y afectados de esos mismos buses, se les mantenía en eternas listas de espera, con una esperanza de recibir una indemnización por las afectaciones económicas, físicas y mentales que habían sufrido, producto de accidentes de tránsito ocasionados por alguno de esos buses.
De igual forma, cuando el Estado decidió comprar las acciones de la empresa MiBus, las negociaciones incluyeron todas las aristas contables y comerciales de la empresa, el gobierno se aseguró de cumplir con cada una de las obligaciones contractuales, pagando millones de dólares a MiBus; no obstante, al mismo tiempo que se firmaban esos contratos y se pagaban esas sumas millonarias, las víctimas y familiares de víctimas de accidentes relacionados con MiBus protestaban y aún, años después protestan, para que se les paguen las indemnizaciones que se les prometieron.
El pésimo servicio del transporte en Panamá, más allá de afectar la calidad de vida de los usuarios, por sus largas horas de espera, nos ha arrebatado una cantidad injustificable de vidas humanas. Todas aquellas personas que han fallecido producto de accidentes de tránsito debido al mal estado de los buses o al manejo desordenado, así como también, todas aquellas personas que han sido víctimas de robos, actos de violencia física y sexual a manos de transportistas, merecen no solo ser escuchadas, sino ser el foco central de la discusión, cuando el Estado tome decisiones relacionadas con el transporte de pasajeros.
Por ello, me atrevo a catalogar de banal todo argumento que se centre en los intereses de los conductores, ya sea de las plataformas digitales o de taxis, de las concesionarias o piqueras y de las empresas que prestan el servicio de las plataformas; lo anterior, ya que si bien, la decisión en temas de transporte debe ser consensuada y producto de un diálogo entre todos los involucrados, mal podríamos seguir permitiendo como ciudadanos, que el Estado ignore e incline la balanza de voluntades en contra de las necesidades del grupo mayoritario, es decir, los usuarios.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
