La frase se utiliza a menudo para expresar que se ha tomado una decisión de la cual ya no hay vuelta atrás. Es célebre por ser atribuida al emperador Julio César, quien la pronunció antes de cruzar con sus tropas el río Rubicón, en el año 49 a.C., desafiando al Senado romano y desatando una guerra civil que cambiaría el destino de Roma.
Guardadas las proporciones, una encrucijada similar se presenta hoy en el panorama nacional en relación con la futura administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras la decisión adoptada por el actual gobierno, amparada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato y, por ende, la concesión portuaria en favor de Panama Ports Company (PPC).
Como panameño, me siento satisfecho y, hasta cierto punto, orgulloso de la posición asumida por el presidente José Raúl Mulino en torno a este tema crucial para el país.
De alguna manera, estas primeras acciones del gobierno panameño ayudan a compensar la afrenta y la vergüenza nacional que muchos sentimos durante casi tres décadas, ante posturas genuflexas, carentes de firmeza y, a todas luces, marcadas por decisiones cuestionables. Una extensa lista de exfuncionarios públicos deberá, en su momento, rendir cuentas ante los tribunales de justicia. Entre ellos figuran el excontralor Gerardo Solís y el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz. El país no puede olvidar el daño causado, comparable en impacto institucional al que hoy enfrentan otros implicados en casos emblemáticos de corrupción.
No es una tarea sencilla la que tenemos por delante. Requiere entereza, convicción y firmeza de principios, cualidades que han estado ausentes en decisiones trascendentales desde los tiempos de Philippe-Jean Bunau-Varilla hasta los episodios más recientes vinculados con contratos altamente cuestionados, como el de la mina y la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Como era previsible, PPC anunció que impugnará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y la decisión del gobierno panameño ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, alegando que se le han causado “graves daños” y denunciando una supuesta “campaña del Estado panameño en su contra”.
Hutchison, con sede en Hong Kong, cuenta con respaldo del gobierno chino. Tras conocerse el fallo, un vocero oficial advirtió que China tomaría “todas las medidas necesarias” para salvaguardar sus intereses en Panamá.
No debe olvidarse que la administración de estos puertos fue utilizada como argumento por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que el país asiático “controlaba” la vía interoceánica. Esto demuestra que el tema ha trascendido el plano económico y nacional para insertarse en el tablero geopolítico global.
En contraste, el presidente Mulino ha reiterado que la decisión es definitiva, debe cumplirse y que el Estado garantizará la continuidad del servicio mientras avanza hacia un nuevo esquema de concesión.
El exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, fue designado para encabezar el proceso de transición. Como parte de la hoja de ruta, el gobierno otorgó concesiones transitorias a APM Terminals y TIL Panamá, que operarán los puertos durante 18 meses como medida de urgencia para evitar interrupciones en el servicio.
El Estado proyecta recibir alrededor de 100 millones de dólares como beneficio estimado por la administración transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal durante este período.
Esta es la oportunidad para demostrar que el hub logístico panameño compite con reglas claras, equidad y, sobre todo, con la dignidad de una nación soberana que ha decidido recuperar el control de su destino. Alea iacta est.
El autor es escritor y pintor.
