En Panamá, la realidad de los servicios públicos refleja un sistema colapsado, caótico y, en muchos casos, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población. Desde hace años, los panameños —de todos los estratos sociales— sufrimos constante escasez de agua potable, cortes frecuentes en el suministro eléctrico, la virtual imposibilidad de utilizar el correo, una educación pública fallida y secuestrada por gremios y políticos, un sistema de salud ineficiente, y trámites interminables en instituciones como el Registro Público, el Cuerpo de Bomberos, Aduanas y otras entidades. Este conjunto de desafíos diarios genera una sensación de frustración y desesperanza que se traduce en protestas constantes, cierres de calles y demandas por soluciones inmediatas.
La falta de eficiencia, inversión y gestión adecuada ha llevado a una situación insostenible, en la que el ciudadano siente que las instituciones tradicionales ya no responden a los desafíos actuales. La creciente insatisfacción social refleja un sistema que no logra adaptarse ni modernizarse, dejando al país en un estado de estancamiento en sectores fundamentales para el desarrollo.
Ante este panorama, surge la necesidad de buscar soluciones innovadoras que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos. Una opción que ha demostrado ser efectiva en otros países de la región y del mundo es la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este modelo promueve la colaboración entre el Estado y el sector privado para la ejecución de proyectos de infraestructura, la prestación de servicios y la gestión eficiente, combinando recursos y capacidades para alcanzar mayores niveles de eficiencia y calidad.
En Panamá ya existen ejemplos positivos de APP en funcionamiento. La Petroterminal de Panamá (PTP) y varios puertos operan bajo este esquema y han logrado mejorar significativamente la gestión y eficiencia en el transporte de mercancías y combustibles. Además, proyectos de infraestructura vial y el Metro de Panamá han sido desarrollados mediante este sistema, demostrando que dicho modelo puede transformar sectores clave.
Organismos multilaterales también respaldan esta estrategia. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado proyectos de APP en diferentes países de la región, especialmente en educación, agua y saneamiento. En Uruguay y Brasil, el BID apoyó la construcción y gestión de escuelas públicas mediante este mecanismo, logrando mejoras sustanciales en infraestructura y gestión educativa. En Colombia, el BID ha financiado varias APP en agua y saneamiento, ampliando el acceso a servicios vitales en zonas rurales y urbanas.
Estos ejemplos demuestran que las APP no solo son una alternativa viable, sino también una herramienta efectiva para modernizar y hacer más eficientes las instituciones públicas. La clave está en fortalecer los marcos regulatorios, garantizar la transparencia y aprovechar la experiencia internacional para replicar modelos exitosos. El rol del Estado como supervisor y garante del cumplimiento es fundamental para que estos acuerdos beneficien verdaderamente a la población. Este mecanismo podría devolver la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas.
Es momento de mirar hacia el futuro y aprovechar tanto las experiencias nacionales como las internacionales con alianzas público-privadas, como herramienta fundamental —y de urgente aplicación— para el desarrollo, el bienestar y la paz de nuestro actualmente agonizante país.
La autora es fundadora de la Universidad Tecnológica Oteima.
