La juventud panameña ha jugado históricamente un rol protagónico. Desde su participación en la Guerra de los Mil Días en 1899, en la lucha de los héroes de enero de 1964; y en las más recientes protestas en contra de las reformas constitucionales en 2019, la voz de la juventud se ha escuchado, intergeneracionalmente, alto y claro. En todos estos escenarios, ha sido la juventud el actor social más activo en las diferentes luchas sociales.
Los jóvenes se han movilizado en contra de abusos, de arbitrariedades e injusticias, sirviendo como catalizador para la cohesión y unificación de otros actores en las luchas sociales. Todos estos hechos se sustentan en el común denominador que el poder público emana del pueblo, garante de lo normado en el artículo 2 de la Constitución Nacional.
Hoy, Panamá goza de una unidad histórica, por vez primera, en el siglo XXI, que evidencia que en el imaginario colectivo progresamos sin minería. De frontera a frontera, el clamor ciudadano es de rechazo a la minería a cielo abierto y en contra del Contrato-Ley 406, aprobado en tiempo record.
Lamentamos que fueran desoídas las voces ciudadanas de disenso y de repulsa a esta iniciativa. A solo un par de días para celebrar 120 años de nuestra separación de Colombia, los panameños protestamos en contra de la minería a cielo abierto desde la conciencia de las graves consecuencias ambientales que provoca. Muchos percibimos que el Contrato-Ley 406 contiene suficientes elementos para concluir que el territorio concesionado se gobernaría a través de un régimen jurídico exógeno. Nos preguntamos, ¿acaso no sería ejecutado el Contrato-Ley 406 en un país libre y soberano?
El pueblo reconoce que la minería a cielo abierto implica la remoción de grandes cantidades de tierra y de vegetación, causando graves afectaciones a la biodiversidad. Del mismo modo, genera sedimentación en los cauces de los ríos y compactación del drenaje de las cuencas hidrográficas. Afecta y degrada los recursos naturales; el entorno que rodea a las comunidades; y, sobre todo, contamina el agua y los ecosistemas acuáticos superficiales y subterráneos.
Los panameños estamos de acuerdo que nuestra gran riqueza son nuestros recursos naturales. El modelo de desarrollo del país debe ser diseñado e implantado de forma tal que haya empleo, productividad y prosperidad con sostenibilidad, preservando la flora, la fauna, la tierra, el aire y el agua.
Una justificada preocupación ciudadana es que el contenido del Contrato-Ley 406 pudiera afectar la soberanía nacional. Pese a que tuviera modificaciones como consecuencia de la consulta pública que evidenció el descontento social, expertos aseguran que los cambios hechos no mejoran el fondo del documento, generando dudas y desconfianza sobre su interpretación y aplicación.
Panamá está viviendo un contexto histórico que permite concluir que el alineamiento es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia. Hacer frente a las exigencias de los ciudadanos es una responsabilidad que el gobierno debe atender. Tal como indicáramos en un reciente comunicado “el Estado debe asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos y tomar decisiones certeras con respecto a la actividad minera en el país, respetando las leyes, nuestra Constitución y el sentir ciudadano”.
En Jóvenes Unidos por La Educación consideramos que el derecho a manifestarse de manera pacífica debe ser garantizado. Es imprescindible que las fuerzas del orden público honren las leyes nacionales y los tratados internacionales y se respeten los derechos humanos de los ciudadanos.
Como defensores de la educación como una prioridad nacional, subrayamos la importancia de que en el contexto de esta lucha de reivindicación no debe interrumpirse el proceso educativo, por lo que instamos a todas las partes a garantizar el derecho de niños y jóvenes a aprender con calidad.
En Jóvenes Unidos por la Educación, motivados por las luchas sociales de las juventudes a lo largo de la historia del istmo, nos comprometemos con determinación y disposición. Nuestro objetivo, que nos ha unido como una gran familia, es persistir hasta que se alcance un acuerdo social que garantice que Panamá prospere sin la explotación minera, contribuyendo con nuestras capacidades y voluntades de manera positiva para alcanzar esta prioridad nacional.
Los autores son miembros de Jóvenes Unidos por la Educación
