El parásito más eficaz no mata a su huésped: lo mantiene vivo, productivo y convencido de que la relación es legítima. Las democracias occidentales del siglo XXI han llevado esa lógica al extremo al convertirla en un sistema de extracción institucionalizada, legitimado por procedimientos democráticos y un lenguaje de derechos que dificulta la crítica. Así emerge el ciudadano contemporáneo: alguien que produce, paga impuestos y cumple casi siempre las reglas, pero que con frecuencia termina defendiendo las condiciones de su propia subordinación. La parasitocracia, más que una metáfora, nombra una forma de organización del poder que presenta la extracción como un modo normal de funcionamiento del Estado y de las élites que lo controlan.
El término alude a un sistema en el que instituciones y élites viven del trabajo ajeno sin ofrecer un valor equivalente. En el plano político y económico, describe un Estado que no resuelve problemas, sino que los administra para perpetuarse, sostenido por una elevada carga fiscal, redes clientelares y una burocracia ineficiente. Esta tesis ha sido desarrollada por autores críticos del crecimiento excesivo del sector público, quienes sostienen que el Estado contemporáneo subvenciona los problemas para preservar su centralidad.
Tres aportes teóricos ayudan a comprender este fenómeno. Guillermo O’Donnell, en El Estado burocrático-autoritario (1982) y Democracia, agencia y Estado (2008), explica cómo ciertos regímenes democráticos derivan en formas de dominación en las que las élites capturan el aparato estatal. Su idea de democracia delegativa describe gobiernos que actúan como si tuvieran un mandato ilimitado, debilitan los controles y orientan el Estado hacia intereses particulares. Fernando Vallespín, en La mentira os hará libres (2017) y Populismos (2017), analiza la crisis de intermediación y la autonomización de las élites en un espacio público polarizado y emocionalmente manipulado. Carlos Santiago Nino, en Un país al margen de la ley (1992), desarrolla la noción de anomia boba: un contexto en el que el incumplimiento generalizado de las normas resulta funcional para quienes ejercen el poder. La convergencia entre debilidad institucional, crisis de representación y anomia configura el entorno ideal para la parasitocracia.
En América Latina, estas dinámicas se manifiestan con claridad en la captura del Estado, la corrupción sistémica, los subsidios, la cooptación institucional y la reproducción de élites mediante vínculos familiares, económicos o partidarios. La anomia se normaliza y la política se reduce más al reparto de privilegios que a la deliberación pública.
En ese marco regional, Panamá ofrece un caso paradigmático. Aunque proyecta estabilidad institucional y éxito económico, la estructura real del poder revela un sistema orientado a la extracción, en el sentido de que los organismos de control, fiscalización y justicia enfrentan limitaciones estructurales que dificultan investigar y sancionar a las élites políticas y económicas. La impunidad opera como una pieza central del sistema. A ello se suman contratos con sobrecostos, concesiones sin competencia efectiva, regulaciones diseñadas a medida y redes clientelares que condicionan el acceso a recursos. La economía panameña, concentrada en sectores estratégicos como la logística, los servicios financieros y marítimos y la construcción, permite que ciertos grupos obtengan rentas extraordinarias no por innovación, sino por privilegios institucionales. La percepción de que “nadie cumple las reglas” alimenta un clima de anomia que favorece la reproducción de élites parasitarias y vacía de contenido la representación política.
La parasitocracia panameña también actúa en el plano simbólico. El ecosistema digital ha intensificado la manipulación emocional y la saturación informativa, convirtiendo las redes sociales en herramientas de control cognitivo. La polarización, la indignación permanente y la fabricación de enemigos internos desvían la atención de los mecanismos reales de captura. La política se vuelve espectáculo: la narrativa pesa más que los resultados y la comunicación directa debilita los controles institucionales. En este entorno, la lógica de la democracia delegativa se actualiza en clave digital mediante liderazgos legitimados emocionalmente, operadores que moldean la conversación pública y una ciudadanía atrapada en un flujo constante de información que no esclarece.
La anomia boba se amplifica en este ecosistema: la idea de que “todos mienten” o “todos roban” se propaga a través de algoritmos que privilegian el contenido emocional y negativo, alimentan el cinismo y erosionan la confianza institucional. En este contexto, la parasitocracia ya no necesita ocultarse: le basta con borrar la frontera entre verdad y falsedad hasta que la ciudadanía deja de distinguir entre gobernantes que parasitan y gobernantes que simplemente administran un sistema percibido como irremediablemente corrupto.
Panamá, con su combinación de debilidad institucional, concentración económica, redes clientelares, impunidad estructural y manipulación digital, encarna con especial nitidez la lógica parasitaria del poder contemporáneo. La parasitocracia panameña no es una anomalía, sino un sistema que se reproduce porque beneficia a quienes lo controlan y porque ha logrado convencer a buena parte de la ciudadanía de que no hay alternativa. Verlo con claridad es el primer paso para desmontarlo.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
