Un nuevo proyecto de ley busca aplicar detención preventiva y condena en centros penitenciarios a adolescentes de 14 a 17 años. La edad de responsabilidad penal — 12 años desde 2010 — no cambia. Lo que cambia son las consecuencias. Y los organismos internacionales llevan décadas advirtiendo que este camino no funciona. No es la primera vez que Panamá tiene esta conversación — desde 1999, la Ley 40 ha sobrevivido más de 15 intentos de modificación, y cada vez el debate termina en el mismo lugar.
El proyecto de ley 539 ya pasó su primer debate, aprobado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. El propio presidente de esa Comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, no ocultó sus dudas: “Yo no creo que el aumento de las penas sea algo que va a reducir los delitos. Si así fuera, en los países donde existe pena de muerte nadie cometería delitos.”
Una historia de intentos repetidos:
1999 — La Ley 40 crea el sistema de justicia juvenil, aplicable desde los 14 años.
2010 — La edad baja a 12 años.
2011 — La ONU lo señala como una preocupación grave y pide revertirlo.
2026 — El Proyecto 539 propone detención preventiva y cárcel para adolescentes de 14 a 17 años.
Cómo funciona el sistema hoy y qué cambia:
Hoy, la Ley 40 garantiza que los adolescentes de 14 a 17 años en conflicto con la ley vayan a centros especializados — como Las Garzas o el Centro Basilio Lakas — separados del sistema penal de adultos, con enfoque en educación y resocialización. Su expediente es confidencial: un error a los 15 años no define el resto de su vida.
El proyecto 539 cambia eso. Los mismos jóvenes irían a módulos dentro de centros penitenciarios — dentro de cárceles. Separados de los adultos, sí, pero dentro de la misma infraestructura carcelaria. Y su expediente quedaría atado a un sistema que no fue diseñado para protegerlos sino para procesarlos. La detención preventiva — estar preso antes de ser juzgado, sin sentencia, sin condena — es una de las medidas centrales del proyecto.
Responsabilidad no es lo mismo que criminalización.
La Convención sobre los Derechos del Niño exige un sistema de justicia juvenil separado del penal de adultos, centrado en la rehabilitación. Panamá la ratificó — pero ratificar un tratado y cumplirlo son cosas distintas.
Thomas Hammarberg, ex Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, fue directo: “Es de interés de todos dejar de hacer criminales a los niños. Debemos tratarlos como niños mientras aún lo son, y reservar el sistema de justicia penal para los adultos.”
Cuando un adolescente entra al sistema penal, muchas veces no sale rehabilitado — sale marcado.
¿Qué dice la evidencia? Un estudio en Washington State encontró que la detención preventiva está asociada a un aumento del 33% en la reincidencia por delitos graves. Y quizás el dato más revelador: la encarcelación antes de los 17 años reduce la probabilidad de graduarse de la secundaria en un 26%. No se trata solo de más crimen — se trata de menos oportunidades, menos educación, menos futuro.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) documenta alternativas que funcionan: mentoría, terapia familiar, libertad vigilada, servicio comunitario. El Proyecto de Ley 539 no menciona ninguna de ellas.
El proyecto aún puede ser modificado o rechazado en el pleno de la Asamblea Nacional. Hay espacio para que el debate público incida en lo que viene. Pero ese debate necesita más voces — no solo las de los diputados, sino las de quienes estudian, documentan y viven de cerca el impacto de estas decisiones sobre los niños más vulnerables del país.
La pregunta no es si los adolescentes deben asumir responsabilidad por sus actos. La pregunta es qué tipo de sistema produce menos violencia a largo plazo — y si Panamá está dispuesta a buscar esa respuesta en la evidencia, y no solo en la presión del momento.
La autora es periodista con experiencia en medios digitales.
