En todas partes del mundo, el Parlamento u Órgano Legislativo —como se denomina en Panamá— constituye un elemento esencial para el funcionamiento de las democracias. Sobre todo porque, en teoría, el Parlamento representa la pluralidad del pensamiento político de la sociedad. Es en dicho foro donde se produce el debate político y razonado de las ideas para la aprobación final de leyes que beneficien al pueblo. Además, por su inherente función fiscalizadora, el Parlamento está facultado para vigilar los actos del Órgano Ejecutivo, a fin de evitar eventuales abusos de poder, constituyéndose en el conveniente contrapeso al exigir y practicar permanentemente la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus actos. Si a ello le agregamos su determinante rol en la aprobación presupuestaria, podría decirse que también el Parlamento es el encargado de decidir cómo se asignan y gastan los recursos públicos de la nación.
Es por estas especiales y fundamentales funciones, debidamente consagradas en la mayoría de las constituciones de las democracias funcionales del mundo, por lo que los aspirantes a parlamentarios, diputados o legisladores deben ser personas, ante todo, honestas, inteligentes, capaces de entender y, sobre todo, comprometidas con cumplir a cabalidad esta enorme responsabilidad que asumen al llegar a ocupar el cargo por voluntad popular en cada elección.
No obstante, todos sabemos que, en nuestro país, la realidad es otra y muy distinta. Al punto de que no es necesario aburrirlos pasando revista a la interminable lista de rufianes y de acciones deshonestas y delictivas que se han cometido en el pasado lejano y reciente en el Parlamento panameño, por parte de una inmensa cantidad de diputados de todas las facciones políticas que han pasado por la Asamblea Nacional de nuestro país desde los inicios de la República.
En la actualidad, cuando deberíamos estar curados de espanto, lo verdaderamente triste y vergonzoso es que, pese a la llegada de una cantidad para nada despreciable de diputados independientes, no hemos logrado cambiar un ápice de este comportamiento ruin y deshonesto que históricamente tipifica el pensar y el actuar de la inmensa mayoría de los todavía mal llamados honorables diputados.
Prueba de ello es el palpable y más reciente ejemplo que paso a mencionar:
En la elección de la presidencia de las 15 comisiones de trabajo, las 15, es decir, todas, quedaron en manos de la alianza oficialista (RM, CD, bancada mixta y PRD). A menos que nos comamos el cuento de la autoproclamación del PRD como partido de oposición o que decidamos conformarnos con la hoja de parra de Paulette Thomas, todavía miembro del otrora frondoso árbol de Vamos, quien preside la Comisión de la Mujer.
Así las cosas, este bloque de diputados de los partidos oficialistas y sus nuevos aliados no tardó mucho en hacer valer su poder y, durante el debate del Reglamento Interno, aprovechó para aprobar una insólita propuesta o clásico “camarón legislativo” que permitiría a los diputados “gestionar proyectos” en sus circuitos electorales, lo cual se traduce en el retorno puro y duro del nefasto clientelismo. Además, y para terminar de hacer las cosas bien, no podían dejar de incluir que se contabilizaran las visitas oficiales para atender dichos proyectos y asuntos personales en sus circuitos electorales como asistencia al pleno y evitar, así, los descuentos por ausencias.
De esta manera, quedaron por fuera artículos que pretendían impedir el nepotismo y aplicar descuentos a los diputados que no asisten al pleno. Nada de esto es nuevo. Durante décadas, estas y muchas otras prácticas corruptas han debilitado no solo la confianza ciudadana en este órgano del Estado, sino, además, los cimientos de la propia democracia.
El autor es pintor y escritor.
