¿Cómo la diversidad, multiculturalidad, libertad y respeto han hecho de Panamá un gran país? Esta fue la pregunta formulada a los presentadores en Mosaico 2017, organizado esta semana por la Congregación Kol Shearith Israel.
Cuando hablamos de diversidad generalmente hacemos referencia a geografía, cultura y etnia, pasando por alto que la diversidad también abarca a las mujeres. Somos el 50% de la población, pero como los espacios públicos y profesionales han sido concebidos por hombres para hombres somos tratadas como minoría.
¿Podemos hablar de un gran país sin considerar el aporte que hacen las mujeres?
Panamá fue uno de los primeros países en América Latina en reconocer algunos derechos básicos para las mujeres, como la igualdad civil y política. Clara González de Behringer, hija de madre indígena y padre español, en 1925 se convirtió en la primera mujer panameña en graduarse de derecho. Gracias a ella podemos votar. Gumercinda Páez, afrodescendiente, entre las primeras diputadas mujeres, formó parte de la constituyente en 1945. Martha Matamoros, de padres costarricenses, sindicalista, logró el reconocimiento del salario mínimo y el fuero maternal. Matilde Obarrio de Mallet, nacida en Ecuador, fundó la Cruz Roja panameña. De la comunidad judía, Amelie y Avelyn de Castro fundaron la primera escuela para ciegos; Grace de Mizrachi, la organización cívica Dar al Desvalido, y Aida de Castro dedicó su vida al cuidado de los enfermos con lepra en Palo Seco.
Estas mujeres comparten, además de sus luchas, sus orígenes diversos y multiculturales, dejando ver cómo los cimientos de Panamá descansan en gran parte en la diversidad.
Pero las mujeres seguimos siendo excluidas, discriminadas y nuestros derechos vulnerados solo por ser mujeres. La violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más habitual y tolerada en el mundo. Panamá no es la excepción, siendo el delito de mayor incidencia.
En particular condición de vulnerabilidad, las mujeres indígenas son discriminadas triplemente, por ser pobres, indígenas y mujeres, lo cual vemos reflejado en la atención materno-infantil y la educación. En 2012, los nacimientos vivos con asistencia médica en las comarcas Emberá-Wounaan y Ngäbe-Buglé fue de 45.7% y 56.8%, respectivamente.
Más del 70% de las mujeres privadas de libertad están vinculadas a delitos de drogas. Según un estudio reciente de Unodc, nuestro sistema de justicia es más severo en estos casos que frente a feminicidios, violaciones o violencia doméstica.
Según el Foro Económico Global, una universitaria panameña obtiene 62% de los ingresos que percibe un hombre en las mismas condiciones. La falta de salas de lactancia y guarderías constituye un obstáculo que impide que el hombre y la mujer se incorporen a la fuerza laboral en condiciones de igualdad.
En cargos públicos, en el gabinete, las mujeres somos el 20%; en la Asamblea, 18% y en la Corte Suprema, un 11%. Urge dar más voz en la vida pública panameña a la otra mitad de la población, porque solo así corregiremos las históricas injusticias y desigualdades.
La igualdad de género no es solo un asunto de mujeres. Facilitando a mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, salud, justicia, trabajo y representación en la política, se impulsará el desarrollo sostenible.
Con el apoyo de la sociedad civil y la empresa privada, hemos avanzado en la construcción de una sociedad más igualitaria. Continuemos el legado de las mujeres que nos antecedieron y demos valor a las luchas de todas las mujeres y hombres que, desde sus espacios, siguen luchando por un mejor Panamá.
