En un contexto donde la calidad de la inversión pública define cada vez más el rumbo del desarrollo, Panamá ha dado un paso relevante al autorizar la suscripción de un convenio marco con la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial. No se trata de una valoración política ni de una lectura coyuntural, sino del reconocimiento de una decisión que apunta en la dirección correcta: fortalecer la forma en que el país prepara sus proyectos.
La firma de este convenio, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, refleja la intención de incorporar mayor rigor técnico en la estructuración de iniciativas bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP). Es, en esencia, una señal de apertura hacia mejores prácticas y de disposición a construir sobre estándares internacionales.
El Decreto de Gabinete No. 5-26 permite que las entidades públicas accedan a asesoría especializada para la estructuración de proyectos APP, mediante contratos de servicios suscritos directamente con la CFI, bajo los controles institucionales correspondientes. Este esquema no solo ordena el proceso, sino que también fortalece la transparencia y la disciplina en el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante no está en el procedimiento, sino en el fondo. Las APP no son un simple mecanismo de contratación. Son una herramienta compleja que exige rigor técnico, adecuada asignación de riesgos y una visión clara de largo plazo. Cuando estos elementos fallan, los proyectos pierden valor, se debilitan o enfrentan dificultades en su ejecución. Cuando se hacen bien, se convierten en motores reales de desarrollo.
En este sentido, contar con el acompañamiento de un organismo multilateral puede contribuir a reducir la improvisación y elevar el estándar de los proyectos desde su etapa más crítica: el diseño. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la asesoría técnica, por sí sola, no garantiza el éxito de una APP si no existe capacidad institucional para supervisarla y gestionarla adecuadamente. Asimismo, la canalización de solicitudes a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de APP refuerza la coordinación institucional, un elemento indispensable en este tipo de esquemas.
El creciente impulso de las APP en Panamá no debe interpretarse como una tendencia coyuntural, sino como una evolución en la forma de concebir la inversión pública. Se trata de construir alianzas donde el sector privado aporte eficiencia y el sector público garantice el interés general, en un marco de responsabilidad y transparencia.
Casos observados en distintos países muestran que los proyectos mejor estructurados son aquellos que combinan una adecuada preparación técnica con mecanismos sólidos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas durante toda la vida del contrato.
Pero detener la conversación en la estructuración sería quedarse a mitad del camino. La experiencia internacional demuestra que el éxito de las APP no depende solo de cómo se diseñan, sino de cómo se gestionan a lo largo de su vida contractual.
El verdadero desafío está en lo que ocurre después de la firma. Panamá necesita avanzar hacia una política de Estado que garantice el “deber ser” de estas infraestructuras: instituciones técnicas, sólidas y comprometidas, capaces de velar de manera continua por el cumplimiento de los contratos.
Porque no se trata únicamente de adjudicar proyectos, sino de asegurar que estos se ejecuten conforme a lo pactado, que los niveles de servicio se mantengan y que los riesgos se gestionen de manera adecuada. Esto exige supervisión efectiva, capacidades institucionales robustas y, sobre todo, continuidad.
Las APP están diseñadas para trascender administraciones. Su propósito no puede limitarse a un período de gobierno, porque su impacto se mide en décadas. Por ello, su gestión debe responder a una visión país, donde el bienestar de los ciudadanos sea el eje central y no una variable secundaria.
Consolidar este enfoque implica entender que el desarrollo no termina en la estructuración. Se construye en la gestión diaria, en la supervisión rigurosa y en el compromiso institucional de hacer cumplir lo acordado.
Panamá tiene hoy la oportunidad de dar ese salto cualitativo: pasar de estructurar proyectos a garantizar resultados. Si lo logra, las APP dejarán de ser solo una herramienta contractual para convertirse en una verdadera política de Estado al servicio del bien común.
La autora es abogada, consultora en UNOPS y especialista en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP).
