Siempre he pensado que el panameño es digno e inteligente, aunque muchos señalen lo contrario. Respaldo mi posición en hechos como la alternancia que se ha producido desde el retorno a la democracia, que ha impedido a todos los partidos mantenerse en el poder.
Otro ejemplo es la campaña “no a la reelección” que se hizo durante la pasada contienda electoral, lográndose que 46 diputados no pudieron regresar a la Asamblea, a pesar de que entre ellos estaban algunos de los llamados “fijos”. Algunos otros lograron reelegirse con artimañas debido a las absurdas reglas electorales relativas al reparto de escaños por residuo en el sistema vigente de representación proporcional.
Por el contrario, los recientes hechos evidenciaron unos gobernantes embriagados de poder que creyeron que bastaba tener mayoría en la Asamblea Nacional, para aprobar un contrato para la explotación minera que era rechazado por los ciudadanos.
Todo el proceso de aprobación del citado contrato fue una burla, como se evidenció con la millonaria campaña publicitaria enfocada en los supuestos beneficios económicos que recibirían los jubilados y las poblaciones aledañas al área de la mina, así como ser “la salvación” de la crisis financiera de la Caja del Seguro Social (CSS). ¡Qué equivocados estaban en tratar de confundir a este pueblo inteligente y digno!
Paralelamente a ese show publicitario, y ante la presión de ambientalistas y opositores al contrato en general, la Asamblea aceptó escuchar los argumentos de representantes de diversas organizaciones y simples ciudadanos preocupados que querían dejar constancia de su oposición al contrato por diversas razones, desde el daño que produce la minería a cielo abierto hasta las violaciones a la Constitución.
A pesar de la abundante información proporcionada a los diputados, el gobierno decidió hacer otras consultas en las comunidades cercanas a la mina, pensando tal vez que serían aplaudidos. Pero la realidad fue muy diferente, y se encontraron con el tajante rechazo de la actividad minera de parte de los lugareños.
Entonces se produjeron los sucesos que encendieron la chispa de la indignación ciudadana: el regreso del contrato al Ejecutivo donde se hicieron algunas modificaciones de temas menores, el regreso del documento a la Asamblea, su meteórica aprobación por parte de los diputados, la sanción presidencial y publicación en la Gaceta Oficial. Todo a una velocidad inusitada con la que el gobierno pretendía pasar la página.
Pero la estrategia no funcionó. Por el contrario, hizo que se produjeran manifestaciones espontáneas por todo el país -incluso fuera del país-, en las que se evidenciaba la molestia e indignación por lo sucedido. Si bien el rechazo en las calles al contrato minero fue generalizado, fue destacable el papel jugado por los jóvenes que salieron masivamente con un contundente rechazo a la actividad minera, destacando la necesidad de proteger la rica biodiversidad de Panamá.
La protesta crecía por días y se iban sumando otros grupos que provocaron la paralización del país. La inicial actitud del gobierno que restaba importancia a las protestas, cambió radicalmente provocando importantes logros como una moratoria minera, algo por lo que habían estado luchando los ambientalistas locales por mucho tiempo.
Finalmente el gobierno fue contundentemente derrotado, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 que aprobaba el contrato minero. Un contrato que quisieron imponer en mancuerna con su mayoría en la Asamblea Nacional, ignorando la voz del pueblo.
Los actuales gobernantes, en su borrachera de poder, repitieron los mismos errores de dos gobiernos anteriores, que también quisieron imponer leyes ignorando la opinión del pueblo. Martín Torrijos, por ejemplo, en 2006 quiso imponer una reforma a la CSS sin escuchar a la población, solo porque tenía una mayoría en la Asamblea Nacional. Se le aconsejó que no lo hiciera, pero con el argumento de que tenía todo arreglado en la Asamblea, siguió adelante con la reforma. Como es sabido, esa reforma tuvo que ser derogada debido a las protestas e iniciar un proceso de consulta que resultó en una reforma que fue insuficiente.
Situación similar le sucedió a Ricardo Martinelli con la llamada “ley chorizo”, que produjo un generalizado rechazo y represión por parte del Gobierno, con un saldo importante de muertes y heridos. También en este caso, el gobierno tuvo que deshacer su pretensión de imponer una reforma legal impopular.
Esto no nos debe extrañar, porque han estado acostumbrados a prometer en campaña que van a consultar con los ciudadanos y hacen todo lo contrario. Los tres últimos gobiernos que han estado representando los tres tradicionales partidos, han actuado a espalda de la población.
Lo sucedido, así como los casos del pasado deben ser una lección para los futuros gobernantes. Que no crean que podrán dirigir el país como emperadores o dictadores. Si lo intenta, sufrirán derrotas humillantes, como que acabamos de vivir.
La lucha del pueblo aún no ha terminado. Ya se presentaron las denuncias penales contra miembros del Ejecutivos, quienes tendrán que enfrentar la ley por su actuar deshonesto, inmoral y atrevido. A los diputados que están usando la protección constitucional que les permite opinar y votar en la Asamblea sin consecuencia legal, les advertimos que el castigo será el voto en mayo de 2024.
El autor es miembro fundador del Movimiento Otro Camino
