Editorial

El arma del terror

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En el transcurso del juicio por violación a la intimidad y las comunicaciones privadas, conocido como el caso de los pinchazos, ha emergido una corriente hasta ahora subterránea que busca despojar a los panameños de derechos fundamentales como la libertad de expresarse libremente y de estar informados. Esta corriente no solo pretende silenciar medios de comunicación críticos, sino intimidar a servidores públicos que hacen su trabajo, y amenazar a cuanto ciudadano ose discrepar de los intereses de su patrocinador. Es más que evidente que el causante de todo esto no busca justicia ni ejercer su derecho a la defensa, sino evadirse de la acción de la justicia.

Nunca antes en la historia de los últimos 30 años se había logrado desvelar tanta y tan rampante corrupción. Desde sobreprecios y adendas injustificadas en contratos de obras públicas, hasta obras innecesarias, pagadas con nuestros impuestos, han sido hechos de conocimiento público. “Robó, pero hizo”, es el lema con el cual orgullosamente los acólitos del régimen intentaron conjurar las críticas y hacer campaña.

La responsabilidad de los medios de comunicación independientes, aquellos sin dueños ni agendas ocultas, es revelar los vicios del poder, ese que durante la administración anterior por poco destruye el tejido social y humano de este país.

Lo que está ocurriendo no es un secreto. Los intentos por intimidar a fiscales, testigos, víctimas, periodistas y jueces, incluso ciudadanos ajenos al conflicto, pero críticos de lo que leen y ven, tienen el abierto propósito de someterlos al silencio o, en su defecto, filtrar las voces para que solo se escuchen aquellas que convienen al reo cuya fortuna respalda esta estrategia. ¿Cuál es el propósito de amenazar con demandar a un fiscal o a un medio de comunicación o a un periodista que narra lo que sucede frente a sus ojos?

El teatro de estas acciones no se limita al plano judicial. Las operaciones de propaganda a favor del dueño, mimetizadas en forma de noticias en sus medios de comunicación, revelan de forma grosera su agenda “periodística”: intimidar, acosar, hostigar, silenciar y confundir a la opinión pública de que el patrón es un pobre perseguido político, víctima de revanchas políticas y de medios de comunicación.

‘La Prensa’, en sus 39 años de historia, ha tenido que enfrentar todo tipo de embates y embustes. El norte de nuestra cobertura periodística siempre ha sido la defensa de la libertad y el combate a la corrupción. Tanto en dictadura como en democracia, hemos hecho nuestra labor a conciencia, con respeto a la verdad y de máxima responsabilidad.

Sorprende la rapidez con que se procesan las demandas en contra de este medio, tal como quedó demostrado recientemente en un fallo condenatorio. Esa prisa contrasta con la lentitud en las acciones judiciales que esta empresa periodística se ha visto obligada a emprender ante la justicia para defender los derechos y las libertades de todos. Pero seguiremos luchando sin desfallecer.

De lo que se trata finalmente es de atropellar los derechos humanos de las víctimas por acciones abominables perpetradas en un periodo muy reciente de nuestra historia. Hay quienes buscan un borrón y cuenta nueva a toda costa con el nuevo gobierno, alegando que la justicia es en realidad venganza. Si esta tesis triunfara, la impunidad se convertirá en el veneno que acaso terminará por acabar con nuestra democracia, como ya ha ocurrido en países vecinos.

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