El sistema de agua potable en el distrito de Arraiján tiene sus raíces en la década de 1960, cuando la mayoría de sus comunidades se abastecía de pozos artesianos y ojos de agua naturales. Con la creación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), se instalaron las primeras líneas de conducción que aprovechaban el excedente de la Planta Potabilizadora de Miraflores, logrando abastecer a Arraiján cabecera y a las áreas colindantes a la carretera Interamericana.
Para la década de 1990, la explosión inmobiliaria convirtió a Arraiján en uno de los distritos más atractivos del país. Una década después, la ocupación de las zonas altas intensificó la crisis: el agua dejó de llegar por falta de presión, inaugurando la era de la dependencia de los carros cisterna. Si bien la planta de Laguna Alta se convirtió en el pulmón principal para aliviar la dependencia de Miraflores, la población ha escalado hoy hasta rozar los 300,000 habitantes, superando la capacidad de respuesta estatal.
Esta problemática no es un evento aislado, sino que se sostiene sobre tres pilares críticos de precariedad. Primero, la fragilidad de la red y el efecto embudo, donde el distrito depende de Laguna Alta y Mendoza, pero bajo un tejido de parches técnicos. En Burunga, por ejemplo, la topografía accidentada crea un desafío hidráulico: las estaciones de bombeo fallan ante fluctuaciones eléctricas, dejando zonas altas en sequía por días. Segundo, la obsolescencia de materiales en Arraiján cabecera, donde tuberías de asbesto-cemento de hace cuatro décadas colapsan bajo la demanda moderna, perdiendo recursos en fugas invisibles. Tercero, el déficit de redundancia, pues, siguiendo la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la precariedad debe medirse por disponibilidad real y no solo por la existencia de tuberías.
En comunidades como La Estancia, en Burunga; Parque Centenario, en Juan Demóstenes Arosemena; y Residencial Nuevo Chorrillo, segunda etapa, en Cerro Silvestre, la realidad operativa se resume en el “agua por turnos”. Este método precariza la salud pública y drena los ingresos de familias pobres, que terminan pagando por agua embotellada lo que no reciben por la red. Incluso en Veracruz, la vulnerabilidad es alta debido a la falta de redundancia en líneas que atraviesan zonas boscosas.
Ante este escenario, el ordenamiento territorial emerge como el eje de control indispensable. La solución no vendrá únicamente de construir más plantas si no se implementa el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que actúe como freno. El ordenamiento debe dictar la “capacidad de carga” de cada sector; no se pueden seguir aprobando permisos en zonas donde la infraestructura ya colapsó. El BID sugiere que el desarrollo debe estar supeditado a la disponibilidad de servicios, pero en Arraiján se ha invertido la lógica: primero se habita el suelo y luego se improvisa el servicio.
Para rescatar al gigante de su sed, se requiere una estrategia integral. La puesta en marcha de la Planta Potabilizadora Ingeniero José G. Rodríguez, proyectada para el año 2027, es vital para desahogar a Laguna Alta. Asimismo, es imperativo abordar la sostenibilidad financiera, pues una morosidad que supera los 25 millones de dólares limita el mantenimiento. Se requiere una política de incentivos de pago y una revisión de tarifas que refleje el costo real del servicio.
El problema hídrico de Arraiján es, en esencia, la profunda falta de orden en el territorio. Mientras el distrito crezca de forma descontrolada, la escasez será constante. El ordenamiento territorial es el único instrumento capaz de garantizar que el derecho humano al agua sea una realidad tangible. Solo mediante disciplina urbanística, transparencia técnica e inversión estratégica, Arraiján podrá dejar de ser el “gigante sediento” para transformarse en un modelo de desarrollo sostenible.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
