Es un inmenso desafío ser joven en estos tiempos. Factores como los índices de delincuencia cada vez más altos; la inminente crisis ambiental a la que se enfrenta la humanidad; el ascenso de los índices de violencia contra las mujeres; la carencia de liderazgos políticos que puedan encausar el país de manera transparente y eficiente; una ciudadanía con una preocupante indiferencia y una cada vez más deteriorada familia como la célula social, coloca a la juventud ante retos inéditos.
Los niños y los jóvenes sueñan, aún en medio de esa oscuridad y ante este panorama desalentador. Lo hacen porque es su derecho. Nuestro deber es asegurar que esos sueños se cumplan. La educación no está respondiendo a ninguna de las dos demandas: por un lado, no brinda las herramientas para solucionar a los desafíos del país y, por otro lado, cercena, antes de nacer, los sueños de una generación completa de niños y jóvenes. Los más afectados son los provenientes de extractos humildes y los grupos vulnerables que viven situaciones de pobreza y de pobreza extrema.
La mayoría de los jóvenes que provienen de familias y comunidades sumidas en la pobreza son presa de esa profunda brecha de desigualdad que hay en Panamá. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Panamá el 45.3% de los jóvenes entre 18 y 20 años, no terminan sus estudios secundarios y el 59.5% de jóvenes entre 10 y 20 años no continúan estudios superiores (2015). La mayoría provienen de familias y comunidades sumidas en la pobreza. Son las víctimas inocentes de la profunda brecha de desigualdad que hay en Panamá.
Aun los que están en el sistema educativo, no necesariamente reciben educación de calidad, al menos que sus familias tengan la capacidad socioeconómica para permitirse pagar y asistir a aquellos colegios que sí la brindan. La educación es un derecho humano, no un producto al que solo pueden acceder quienes lo pueden pagar. Visto de esta manera, pareciese que el derecho a soñar es exclusivamente para ese 14% de población que puede acceder a la educación privada, pues están en condiciones de costearla.
En este país, el primero con mayor crecimiento económico de la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 48.9% de los niños que cursan tercer grado de primaria no saben leer ni escribir: no son ni los hijos de los gobernantes o de los grandes empresarios. Los que están en esta situación de vulnerabilidad son justo los niños que deberían estar recibiendo la mejor educación para poder romper el círculo de la pobreza en sus familias y en sus comunidades: indígenas, afrodescendientes, campesinos, hijos de una clase trabajadora quienes, a pesar de hacer un gran esfuerzo para educar a sus hijos, son estafados por el sistema, pues la educación que reciben no es de calidad.
Es hora de hablar de los seres humanos ya no como objetos sino como sujetos de derecho; es hora de hablar de sus sueños porque son los sueños del país. No basta hablar de educación, de cifras, infraestructuras, presupuestos y metodologías. Cada niño o adolescente que deserta es un fracaso absoluto de una sociedad que no lucha para transformar la escuela en un espacio humano, liberador, emancipador, empoderado y formador de agentes de cambio. Es necesaria la voluntad política de los tomadores de decisiones, pero también es necesaria una profunda consciencia del deber de esta generación de defender los sueños y el derecho a soñar de los niños y jóvenes del hoy. No hay derecho a arrancar sus sueños.
El autor es parte de Enseña por Panamá y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación