Tanto por la forma como por el contenido, las reformas constitucionales propuestas por la Concertación Nacional son inconvenientes e insuficientes para el pueblo panameño. Son reformas meramente cosméticas, hechas para que nada cambie. Su objetivo es prevenir que reviente la paciencia popular, harta de un régimen cuya “democracia” se restringe al sufragio, caracterizado por la corrupción que corroe todos los órganos del Estado, la plutocracia, el nepotismo y la abyección ante los intereses extranjeros, mientras al pueblo solo le toca la miseria y el desempleo.
Si la Constitución es la “madre de todas las leyes” y, por tanto, define el carácter del país que queremos los nacionales; al pueblo panameño le interesaría una nueva Constitución que acabe con todos los males que sufrimos en el presente. Una nueva Constitución sirve para algo si nos permite barrer con todos los funcionarios y políticos corruptos y las leyes que les amparan.
¿Qué clase de Constitución queremos? Una que diga: que el trabajo no solo es un derecho, sino que es un deber del Estado proporcionarlo; que el Estado garantizará gratuitamente: salud, educación, vivienda, servicios públicos eficientes; que el bien común está por encima del interés privado, para lo cual los servicios públicos (luz, agua, teléfono, salud, educación, combustible) deben estar en manos del Estado panameño y no de empresas privadas extranjeras que se enriquecen a costa de nuestra miseria.
Al pueblo panameño le interesa una Constitución que establezca que los impuestos serán directamente proporcionales a los ingresos, no como ahora, que los ricos y las transnacionales gozan de todo tipo de exoneraciones, mientras los asalariados pagamos el grueso del impuesto sobre la renta y el Itbms.
Una Constitución que fije como principio la soberanía económica del país, rompiendo con toda imposición de organismos financieros internacionales, llámense FMI, Banco Mundial, TLC o ALCA; y que desconozca la deuda pública de dudoso origen o impuesta en condiciones leoninas.
Una Constitución que sea verdaderamente democrática impondría la elección directa de todas las autoridades, incluidos jueces y magistrados. Para acabar con la corrupción, fije un límite a los salarios de los altos funcionarios (presidente, ministros, legisladores y magistrados); e imponga la revocatoria de mandato inmediata y directa por parte de los electores.
Una Constitución que responda al interés general establecerá que el Estado protegerá e incentivará la producción agropecuaria e industrial nacional frente a toda competencia extranjera; que el Canal es propiedad de la nación y su junta directiva y sus finanzas deben estar controladas por representantes de los sectores populares.
Una Constitución que verdaderamente responda al interés nacional debe establecer que la soberanía del Estado panameño es innegociable, y solo podrá ser ejercida por la fuerza pública nacional, prohibiendo permanentemente toda presencia militar extranjera, derogando cualquier tratado que la ponga en duda, desde el Pacto de Neutralidad al Salas Becker.
Hacer esta nueva Constitución, que es la que convendría al pueblo panameño, requiere una asamblea nacional constituyente, electa democráticamente, sin el actual Código Electoral, para que puedan llegar a ella los verdaderos representantes populares y no sea controlada por los partidos políticos beneficiarios del actual estado de cosas. ¿Cómo van a ser positivas unas reformas aprobadas por un Legislativo caracterizado por los escándalos de corrupción? Si las reformas pasaran como ha planeado el nuevo gobierno, nada habrá cambiado.
El autor es docente universitario