Según la presidente de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, la planilla del órgano legislativo es alta, pero la normativa actual le impide reducirla porque la ley protege a los funcionarios. O sea, por más necesidad de que la planilla fuese inferior, al haber tantos empleados amparados por ley, aunque no sean necesarios, por este motivo hay que dejarlos, ya que ella dice no poder hacer más de lo que le permite la ley.
Esto demuestra que los panameños con nuestros impuestos tenemos que aguantarnos el pago continuo y permanente a servidores públicos que no sirven para nada o que no hacen nada o que no dan la talla o que no tienen funciones. Y la razón es que, a principios de 2024, la nefasta Asamblea del quinquenio anterior, poco antes de finiquitar funciones, decidió que los funcionarios luego de dos años -y para beneficiar a los contratados en aquel quinquenio- entraran a la carrera legislativa sin concurso. Ventaja que, además, duraría seis meses; una clara preferencia que los favorece con estos fueros y privilegios.
Estos seis meses, por cierto, aplicaban desde el 19 de abril hasta el 19 de octubre de 2024. Es decir, la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Castañeda, tuvo la oportunidad de derogar esa norma a partir del 1 de julio y antes de 19 de octubre, para evitar que la descontinuación de los empleados beneficiados que cumpliesen los dos años en ese período, fuese retroactiva (sobre todo derogándola lo más pronto posible a partir de su toma de posesión). Ahora es tarde y lo que quedaría hacer es presentar un recurso de inconstitucionalidad por existir fueros y privilegios, y así, descontinuar -a futuro- una enorme cantidad de botellas oficializadas para que no siguiesen cobrando a partir de la publicación del fallo de darse el caso.
La presidente de la Asamblea se jacta de haber eliminado la planilla 172, relacionada a los funcionarios por contrato y, con ello, haber desvinculado a unos 3 mil. Pero todavía la estamos esperando para que se acerque al Ministerio Público y presente la denuncia contra todos aquellos funcionarios de esa planilla, que estaban recibiendo cualquier tipo de emolumento sin ejercer funciones ni responsabilidades. Lo lógico es que a quien se le desvincula es porque no trabaja. Y la denuncia, además, se debe ampliar a los funcionarios ejecutivos y diputados de la Asamblea pasada, que desde la junta directiva contrataron a aquellos miles de empleados de la 172, que no ejercieron ningún tipo de contraprestación frente a la contratación que los benefició.
Aun así, le caben a Castañeda varias preguntas. ¿Cómo justifica hoy 146 conductores de vehículos en la Asamblea Nacional, cuando solamente hay 71 diputados? ¿Si cada diputado tiene un chofer, qué hacen el resto de los 75? ¿Cómo cuadran en la Asamblea 376 “asesores” de los cuales 75 ganan $5 mil mensuales, para solamente 71 diputados? Peor cuando estos ya tienen, cada uno, una planilla de hasta $20 mil mensuales. ¿Cómo es posible que para 71 diputados existan 1,320 asistentes administrativos? ¿Cuántos de estos están blindados por la carrera legislativa, así como cuántos de los 146 choferes y 376 asesores también lo están? ¿Por qué será que si hay supuestamente una planilla abultada y blindada por una carrera legislativa, además los 71 diputados tienen que traer gente de afuera para emplanillarlos con hasta $20 mil mensuales más cada uno?
No olvidemos que, hasta el bochornoso pacto de gobernabilidad bajo la presidencia de Juan Carlos Varela, las planillas de los diputados se manejaban con $4 mil mensuales. Entonces las subieron a $30 mil y hoy son $20 mil habiendo funcionarios de más, bajo la carrera legislativa que nosotros como contribuyentes, tenemos que aguantarnos pagándoles su inoperancia y holgazanería. Pero que, asumo, como los diputados no confían en ellos, entonces traen más personal de afuera y así ajustarse lo más posible a unos excesivos $20 mil mensuales, adicionales a la ya abultada planilla permanente o eventual. Para rematar, un edificio de solamente 11 años que supuestamente se está cayendo, hay que salvarlo y eso va a costar más billete. Entonces el ministro de Economía y Finanzas elevó el presupuesto en $l0 millones al reingresarlo a este patético y fracasado parlamento panameño, además “per cápita”, el más caro del mundo. Y como la última cereza del pastel, cuando al 11 de octubre de 2024 había 3,874 funcionarios en la Asamblea Nacional, ahora al 15 de noviembre hay 4,518 es decir, 644 más en un solo mes. Más de lo mismo.
El autor es abogado
