Me refiero a la que termina este quinquenio el 30 de junio, la peor asamblea de todas desde el retorno democrático. Iniciemos esta inmundicia con la descentralización paralela. De hecho, está pendiente en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de nulidad presentado en julio de 2023, por el diputado Juan Diego Vásquez, contra un traslado de partida de $7.5 millones realizado sin cumplir los requisitos mínimos, por ser los documentos de esta partida lo único que le han entregado al preclaro diputado desde los archivos de la propia comisión de presupuesto de la que él forma parte. Siendo lo más probable que la regla ha sido violar la ley, convirtiéndose en una falta tan administrativa como penal, sin contar los millones de balboas dilapidados.
Resulta que el administrador de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), no asistía personalmente a la comisión de presupuesto para solicitar esas partidas, ni para sustentar su requerimiento en función de proyectos aprobados en cada junta comunal, lo cual es requerido por ley. En las propias actas de la comisión de presupuesto, según la demanda presentada por Vásquez, tampoco aparecen esas solicitudes de traslados de partidas en el orden del día, menos consta la presencia del administrador de la AND. La mayoría de los diputados de la comisión de presupuesto, se limitaban a enviarle al MEF resoluciones, certificando que el traslado de partida se había aprobado, lo cual era falso. El MEF no revisaba las actas y la contraloría decidió no auditar los traslados ilegales desde el MEF hacia la ANC. Es decir, los diputados daban por hecho transferencias de fondos que según las actas nunca se discutieron porque no estaban incluidas en el orden del día, el MEF nunca verificó la existencia de las actas para cerciorarse que podía transferirse el dinero y la contraloría decidió no auditar estos traslados, para verificar si eran legales o no. Y esa resolución espuria rubricada por diputados que se prestaron para ese aparente timo, constituye falsificación de documento público, delito tipificado en el código penal. Y para rematar, la Sala Tercera de la Corte en diez meses, no se ha pronunciado.
En segundo lugar, esta asamblea no le dio la gana de ratificar el Tratado de Extradición de Panamá con Italia. Situación que convierte a Panamá en un hazmerreír en esta relación bilateral cuando, habiendo solicitado la extradición de un ítalo-panameño involucrado en serios procesos de corrupción, en algunos casos condenado en varias instancias, el procedimiento de extradición se cae porque a los diputados panameños no les interesó ratificar ese tratado. Por supuesto que ni la cancillería panameña, ni el presidente saliente, tampoco ayudaron en nada a pesar de tener el control de la asamblea con su mayoritaria bancada. La “armónica colaboración” constitucional nunca se ejerció.
En tercer lugar, se expidió la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, sancionada por el presidente cómplice, que le otorga al contralor de la república la discrecionalidad absoluta para eximirse de cualquier tipo de instrucción, sea del Ministerio Público, de la Fiscalía de Cuentas o cualquier otra autoridad u órgano del Estado. Quedando bajo criterio del contralor la posibilidad de que el Fiscal de Cuentas pueda o no instruir una investigación patrimonial, o bien, debilitar la atribución del Ministerio Público en vigilar la conducta oficial de sus funcionarios y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes. En adición a que esta ley exceptúa de la responsabilidad de empleados de manejo a los servidores públicos de la contraloría, que participen de las funciones de control previo y posterior, o lo que es igual, de la responsabilidad legal en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, exigida por ley a todos los servidores públicos. Desde agosto del año pasado, está pendiente por fallarse un recurso de inconstitucionalidad. Pero el pleno de la Corte Suprema de Justicia, parece tener este otro caso en el congelador de la impunidad.
Y entre tanta trampa orquestada en y desde la asamblea nacional que termina funciones este 30 de junio, adicionamos un solo tema más por falta de espacio, que se refiere a los presupuestos astronómicos de la que sería, “per cápita”, la más cara del mundo. Con 71 diputados (de por sí una cantidad muy elevada para la población censada que tiene Panamá), la asamblea dispuso de $188.9 millones en 2023, $230.5 millones en 2022 y $200 millones en 2021. Y en 2024 se aprobó un presupuesto de $150 millones, una suma exageradamente alta, pero que posiblemente será aumentado a través de traslados de partidas, porque este gobierno simplemente perdió la noción de la decencia, la transparencia y la protección de la cosa pública.
En conclusión, la nueva camada de diputados decentes (más de 30) que están tomando posesión a partir del 1 de julio, deben hacer las gestiones respectivas junto con nosotros los ciudadanos, de ser necesario, para que no sean las fuerzas oscuras que incluirán al PRD, las que tomen control del parlamento panameño La ciudadanía desea que el nuevo presidente de Panamá salga institucionalmente fortalecido, porque tendrá en contra a su propio partido RM junto a los innombrables reelectos del PRD, quienes pretenden y pueden hacer mayoría. Estemos todos alertas para evitarlo.
El autor es abogado y miembro de MOCA.
