Toda universidad panameña nace de un acto de confianza pública. Antes de recibir a un solo estudiante, debe obtener del Ministerio de Educación la autorización que le permite funcionar. Ese primer paso la habilita para operar, pero no certifica su calidad.
Esa certificación llega después, con un sistema que Panamá creó mediante la Ley 30 y reformada con la Ley 52 de 2015, administrado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa). Entender cómo nace una universidad y cómo el CONEAUPA acompaña su desarrollo ayuda a comprender por qué el paso siguiente es avanzar hacia una acreditación de excelencia.
El Coneaupa no evalúa de manera arbitraria. Su modelo tiene tres fases, cada una con sus propios plazos. La primera es la autoevaluación. La universidad firma con el Coneaupa un acuerdo de compromiso y dispone de aproximadamente un año para elaborar su informe interno y su plan de mejoramiento.
Un comité con docentes, estudiantes, personal administrativo y graduados revisa el desempeño de la institución frente a indicadores que van del proyecto académico a la infraestructura y los resultados de sus egresados. Si la universidad no completa el proceso a tiempo, puede pedir una prórroga de hasta un año más.
La segunda es la evaluación externa. Pares académicos panameños y extranjeros revisan a distancia la documentación y luego visitan la universidad; esa visita dura entre 3 y 21 días, según el tamaño de la institución, con entrevistas a autoridades, docentes, estudiantes y empleadores. La tercera es la acreditación propiamente dicha: con esos dos insumos sobre la mesa, el pleno del Consejo decide formalmente si una institución, carrera o programa cumple con los estándares exigidos. Este diseño en cascada da al sistema panameño solidez metodológica.
La exigencia no es solo un discurso: cada indicador se mide con una escala de “no cumple” a “cumple totalmente”, con puntajes de 0 a 100, y cada juicio debe apoyarse en evidencia verificable, no en una simple impresión.
La calidad, además, no se certifica y se olvida. La acreditación tiene una vigencia máxima de seis años, el periodo más largo que concede el sistema panameño. La universidad debe ejecutar mientras tanto el plan de mejoramiento con el que se comprometió, con seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Coneaupa. Antes de cumplirse los seis años, debe iniciar la reacreditación —una nueva vuelta completa por las tres fases—.
La acreditación no es entonces una fotografía única, sino un ciclo que se repite cada seis años como máximo.
En este sistema, la Universidad de Panamá cumple una función distinta a la del Coneaupa, ejercida a través de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, creada por la Ley 52 de 2015 y presidida por su rector junto con los rectores de las demás universidades oficiales. A esta comisión le corresponde aprobar los planes de las carreras que ofrecerán las universidades particulares antes de abrirlas, fiscalizar su funcionamiento y verificar que sigan cumpliendo los requisitos de su autorización; si una universidad incumple, eleva un informe al pleno de rectores, que decide las sanciones. Ahí está la diferencia esencial: esta comisión controla si una carrera puede legalmente ofrecerse, mientras que el Coneaupa evalúa después si esa carrera alcanza calidad. Son dos filtros complementarios; cuando alguno falla, quedan circulando títulos difíciles de respaldar.
Vista en perspectiva regional, el modelo panameño no es una excepción: países como Chile, Paraguay y México cuentan con agencias equivalentes. Alinearse con esos estándares facilita que los títulos se reconozcan fuera del país y posiciona a Panamá para competir con los sistemas más exigentes del continente.
Ese aseguramiento de calidad no puede quedarse en un umbral mínimo. El propósito de acreditar no es solo confirmar que una universidad alcanza un piso aceptable, sino empujarla hacia una mejora continua. Por eso Panamá debe avanzar hacia una acreditación de excelencia: un modelo que eleve progresivamente los estándares y trace una ruta clara para que el resto del sistema converja hacia ese nivel.
El Coneaupa ya cuenta con la estructura y los protocolos necesarios para dar ese salto. Falta la decisión de avanzar, para que la acreditación empuje a todo el sistema hacia el nivel que Panamá necesita.
El autor es representante del diputado Jorge Bloise ante el Coneaupa.
