Economía

La asociación público-privada

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Según el Banco Mundial, “una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos llave en mano, ya que estos son considerados como proyectos de contratación pública, o de privatización de servicios públicos, en los que existe un rol continuo y limitado del sector público”.

La implementación de un modelo de asociación público-privada (APP) tiene diversas ventajas, como la introducción de nuevas tecnologías e innovación; entrega de los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto acordado; subcontratación de empresas locales para obras civiles, obras eléctricas, instalaciones, servicios de seguridad, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, etc.; impulso a los negocios y la industria asociada mediante el desarrollo de la infraestructura; transferencia de riesgos hacia el sector privado durante el periodo del proyecto, y quizás lo más importante, la creación de un clima adecuado para atraer inversiones extranjeras, así como de reducir la presión sobre las finanzas públicas.

No obstante, una incorrecta aplicación de este modelo tendría algunas desventajas a través de la generación de mayores costos que los procesos de contratación pública; incremento de los costos de financiamiento asociados a la deuda; confrontación con gremios de trabajadores del sector público por la seguridad laboral; presión social contra el aumento de tarifas de algunos servicios públicos; elevados costos económicos de reubicación de poblaciones cercanas a los proyectos, y el clientelismo político, entre otros.

El modelo APP se empezó a implementar en América Latina entre finales de los años 80 y principios de los 90, principalmente en México, Colombia, Argentina y Chile, seguidos algunos años más tarde por Brasil, Perú y Costa Rica, los cuales han obtenido buenos resultados en materia de APP, gracias al desarrollo de un eficiente marco normativo e institucional.

En Panamá, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha planteado como una de sus prioridades ejecutar un modelo de asociación público privada (APP) como una estrategia para reactivar la economía del país, lo cual impondrá nuevos retos para lograr la mayor eficiencia de las cuantiosas inversiones públicas, que entre 2015 y 2019 alcanzaron una cifra cercana a los $20 mil millones.

Si bien es cierto que nuestro país reúne todas las condiciones para un modelo APP, debido a su excelente clima de inversión y por ser uno de los países de la región latinoamericana con mayor captación de inversión extranjera, el mayor desafío de este gobierno será convencer a la población de que este modelo funcionará con todas las garantías de transparencia necesarias y con un marco regulatorio adecuado y que aún no tenemos.

Pero, antes de dar este paso y tomar una decisión sobre el modelo APP, el equipo de gobierno debe definir claramente ciertos tópicos que garanticen el éxito de este instrumento de reactivación económica: ¿Quién tendrá las competencias de planeamiento, coordinación, estructuración, contratación, ejecución, administración y evaluación de proyectos de APP? ¿Estarán centralizados en una sola entidad pública o estarán fragmentados en varias entidades públicas? ¿Qué tratamiento le darán a las regulaciones separadas de los sectores de electricidad, agua y saneamiento, portuario y vial? ¿Se creará algún fondo fiduciario para captar recursos financieros que son garantizados con los activos del Estado? ¿A qué áreas se enfocarán las APP? ¿Transporte, comunicaciones, salud, educación, infraestructura vial, agua, energía, etc.? ¿Cómo se distribuirán los riesgos entre el Estado y las empresas privadas? ¿Los procesos de adjudicación serán transparentes y competitivos? ¿Qué papel jugarán los gobiernos locales o municipios en este esquema APP?

El autor es profesor de Economía-UP

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