El pasado 10 de marzo, en la sección de Opinión digital de La Prensa, se publicó el artículo titulado “Cobre Panamá: la realidad de una mentira ambiental”. Debido a la importancia del debate público que este tema suscita, resulta pertinente hacer algunas aclaraciones de rigor sustentadas en los documentos públicos de la auditoría encargada a SGS para el Ministerio de Ambiente.
El artículo citado plantea denuncias graves sobre reforestación, manejo de material con potencial ácido y supuesta manipulación de reportes. A continuación analizo cada uno de esos puntos con base en los documentos públicos de la auditoría encargada a SGS para MiAmbiente y en la metodología técnica que la propia auditoría declara seguir; donde los anexos y pruebas no están disponibles públicamente, lo señalo expresamente para evitar conclusiones prematuras (Informe Mensual No. 04, SGS para MiAmbiente, Sección Metodología y Anexos).
La acusación de reforestación falsificada exige precisión: el informe registra verificaciones en campo y discrepancias puntuales entre registros administrativos y observaciones en terreno y solicita el cotejo GPS y el muestreo botánico para validar plantaciones antes de emitir conclusiones definitivas (Informe Mensual No. 04, Sección Integración multidisciplinaria). En consecuencia, donde el artículo afirma que “los árboles no existen”, el documento público describe hallazgos que requieren validación técnica. La vía correcta es publicar las coordenadas verificadas y los protocolos de muestreo que permitan reproducir la verificación, no transformar observaciones parciales en una sentencia sin anexos que lo prueben.
Sobre el drenaje ácido (ARD), la auditoría reconoce el potencial de riesgo asociado a materiales con capacidad generadora de ácido y remarca la necesidad de realizar pruebas estáticas y cinéticas y de contar con planes de manejo para los materiales identificados (Informe Mensual No. 04, Sección Riesgos ambientales / Pruebas ARD). Técnicamente, el ARD es un riesgo real cuando materiales generadores quedan expuestos; sin embargo, la confirmación del alcance y la gravedad del pasivo ambiental depende de los resultados y la metodología de esas pruebas. Por tanto, presentar el ARD como un veredicto de desastre inminente sin citar resultados ARD publicados con su metodología mezcla riesgo potencial con certidumbre técnica. La exigencia responsable es la publicación de esos resultados y sus anexos para evaluar alcance y control.
En relación con la supuesta “desaparición” de daños en reportes, SGS documenta observaciones y discrepancias entre registros y verificación en terreno y avanza en la consolidación de hallazgos técnicos solicitando anexos (fotografías, GPS, versiones de reportes) que expliquen correcciones o rectificaciones (Informe Mensual No. 04, Sección Hallazgos y Observaciones). Sostener manipulación deliberada requiere evidencia documental concreta —versiones con fechas y firmas, anexos fotográficos y coordenadas— que permita rastrear cambios. Los documentos públicos consultados piden precisamente esos anexos para cerrar la cadena de verificación, por lo que la inferencia de mala fe excede lo que hoy está disponible públicamente.
La auditoría, según su propio avance declarado, está en una fase técnica avanzada pero no finalizada, sus informes parciales registran hallazgos que requieren anexos y validaciones antes de emitir juicios sobre intencionalidad (Informe Mensual No. 04, Sección Metodología y Anexos). Donde hay discrepancias, la respuesta técnica y responsable es exigir transparencia documental: publicar coordenadas verificadas, protocolos de muestreo botánico, resultados completos de pruebas ARD (estáticas y cinéticas) y los anexos fotográficos/GPS que permitan a terceros reproducir la verificación. Esa publicación es la única forma de dirimir si las diferencias son errores administrativos, variaciones metodológicas o indicios de manipulación.
No se minimiza el riesgo ni se protege interés alguno: se exige evidencia. Convertir observaciones parciales de una auditoría técnica en titulares definitivos sin los anexos que el propio auditor solicita es un atajo informativo que empobrece la deliberación pública y puede generar alarma injustificada. Por respeto al país y a la protección del ambiente, la demanda responsable es técnica y documental: publicar las pruebas y permitir su verificación independiente para que la verdad técnica caiga por su propio peso. Los comunicadores tienen la responsabilidad grave de no sustituir la evidencia por la emoción; la ciudadanía merece datos verificables antes de aceptar veredictos.
El autor es empresario.
