La austeridad es la ausencia de lujos. Vivir con severidad y rigidez, en cuanto a la limitación en los desembolsos de dinero, sobre todo los que son innecesarios. Por lo cual, dentro del concepto de la austeridad institucional, se exige focalizar prioridades.
Pero resulta paradójico, respecto a los continuos estados de emergencia implementados como el modo de administrar la cosa pública en Panama, lo cual denotaría un ejercicio mucho más estricto para aplicar la austeridad, que el gobierno ha hecho todo lo contrario. Porque al final del camino, con esos estados de emergencia ejercidos lo que logran es manejar más dinero con menos control y así desviarlo hacia el clientelismo que los delata, sacrificando irresponsablemente una inminente austeridad.
Llegó la pandemia, esa que el presidente no olvida (mientras el mundo la ha desechado para mirar y caminar hacia adelante), y se formó un carnaval de derroche y despilfarro y, lo más triste, con la excusa de salvar vidas. Como si el resto de la humanidad no hubiese sufrido lo mismo, el gobierno olvida que tuvimos el peor encierro, la peor caída económica y la mayor pérdida de días de clases en el mundo. Variables con daños irreparables, al menos a corto y mediano plazo, cuyos resultados son agravados por el dispendio ilimitado de recursos públicos. La emergencia nacional nos costó, por lo menos, unos $3,545 millones, del cual 58% fue el plan Panama Solidario y 42%, para el procedimiento especial de adquisición de mercancías. Cifra de la que nadie recuerda haberse rendido cuenta, sobre todo cuando hubo irregularidades que, para el actual vicepresidente, pasaron desapercibidas, al punto de que ni siquiera las denunció formalmente en el Ministerio Público. Por cierto, que el vale digital sigue siendo pagado a unas 135 mil personas en agosto, que, aunque no trabajan, el gobierno no las incluye como desempleados sin mayor explicación, lo que elevaría nuestro desempleo oficial de 8.9% a casi el doble.
Dada aquella crisis pandémica, que hoy es el escudo de Cortizo para justificar su fracasada gestión pública, el gobierno debió invertir en lugar de gastar, pero hizo lo contrario. Entre julio 2019 y marzo 2022, dilapidaron $213.5 millones en consultorías que el ministro del MEF nunca explicó. Su respuesta fue desconocer su utilización, misma que dio Cortizo en su momento. Al día de hoy guardan absoluto silencio.
Veamos la planilla estatal con cifras oficiales. Habiendo 242,375 funcionarios y una planilla de $363.6 millones en diciembre 2019, en diciembre 2022 ya estaba en 259,879 personas y $418.2 millones. La planilla acumulada en $4,880 millones en 2022, es la más onerosa de la historia, con un aumento de $141 millones sobre el 2021. Hector Alexander ha sido incapaz de presentar una iniciativa legislativa para aminorar o detener una anualidad desproporcionada de $300 millones en aumentos automáticos por leyes especiales y $125 millones por jubilaciones especiales. Desde el inicio de este gobierno prácticamente se dejó de ingresar lo que por ley le corresponde al Fondo de Ahorro de Panama (FAP), deuda que hoy alcanza $920 millones. Lo que tanto se quejó Cortizo y lo repite hasta el cansancio, de la deuda que heredó de Varela para pagarle a contratistas y proveedores del Estado (unos $1,836 millones), hoy bajo su mandato supera los $1,900 millones. Agreguen otra deuda de más de $500 millones de interés preferencial al sector bancario. Pero solamente en 2023, se han pagado a la fecha $11 millones en publicidad estatal; $10 millones para subsidiarle las primarias a los partidos políticos grandes y longevos; $25 millones para la “Navidad Solidaria” de diciembre 2023 para distribuir 1.4 millones de piezas de pollo y cerdo; $5 millones para organizar una conferencia antitabaco; $2.8 millones para el desfile de navidad de 2023, y $190 mil para que un abogado particular asesore a la Autoridad de Descentralización en las respuestas de unos siete oficios y notas.
Lo dijo la Cámara de Comercio en julio del año pasado: “… el presupuesto de 2023 carece de contención y control del gasto público, mucho menos de austeridad”. ¿Y qué dice Alexander? Que Panama tiene uno de los mayores crecimientos en la región y menor tasa de inflación. Lo que no dice es que son dos indicadores que llevamos muchísimos años liderando. Tampoco dice que mientras la inversión extranjera directa ha crecido un 51% en América Latina, en Panama se ha contraído un 86%.
Además, el crecimiento económico no va acorde con el endeudamiento del país, porque no se controlan los gastos. En 2022, el nivel de endeudamiento del PIB representó un 57%, cuando antes de la pandemia estaba en 44%. Mientras que el aumento de la deuda pública de Cortizo superó en cuatro años el de las presidencias de Torrijos, Martinelli y Varela juntos en 15 años. Lo que estaba en $26 mil millones a diciembre 2019, iba por $44 mil millones a diciembre 2022 (hoy supera los $45 mil millones). La razón es sencilla: en lugar de concentrarse en la generación de divisas, se han enfocado en cómo sacarle recursos al Estado a través de presupuestos abultados y desequilibrados, y así priorizar el clientelismo a costa del control del gasto. Y para rematar, el Consejo Empresarial Logístico (Coel), resalta que este sector “está perdiendo competitividad”, en virtud de “la falta de peso político en las determinaciones que se adoptan desde el gobierno”.
Pero no nos preocupemos, ya Cortizo dijo que “Panama está viviendo la mejor recuperación económica de la región”, por lo que seguirá entregando “becas, laptops, capital semilla y eso cambia vidas, y eso es un enorme privilegio”. Para él es más importante el privilegio personal de entregar dádivas clientelares, que la necesidad de enseñar, educar e instruir para vivir en una mejor sociedad.
El autor es abogado
