El ordenamiento territorial de la ciudad de Panamá acaba de sufrir un aparatoso autogol por parte de las autoridades locales. A través de su publicación en la Gaceta Oficial, la ciudadanía conoció la normativa de compensación urbana por incremento de la edificabilidad. Este polémico acuerdo municipal permite construir hasta un 50 % más de lo autorizado originalmente en las zonas urbanas a cambio de un pago directo de dinero al municipio. La gravedad de esta medida radica en que institucionaliza un mecanismo donde el dinero compra el derecho a colapsar nuestros corregimientos, vendiendo una densidad que la infraestructura pública no puede soportar.
La justificación oficial de que “antes las constructoras recibían bonificaciones sin dejar nada a cambio” es un argumento falaz. Otorgar un 50% más de densidad habitacional ignora la cruda realidad de una infraestructura que ya superó su capacidad de carga real. Los residentes sufrimos diariamente una escasez crónica de agua potable, calles estrechas que provocan un tráfico insufrible, apagones eléctricos constantes y parques totalmente saturados. El dinero recaudado no puede estirar el espacio real. Los fondos jamás ensancharán calles flanqueadas por rascacielos, no harán surgir nuevos acueductos ni comprarán áreas verdes céntricas inexistentes. Un error del pasado jamás justificará legalizar el caos inmobiliario en el presente.
Este mecanismo viola flagrantemente el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT), regulado por el Acuerdo No. 61 de 2021 y vigente hasta 2031. El artículo 2 de dicha norma establece que su objeto es garantizar el desarrollo sostenible y brindar calidad de vida mediante servicios urbanos adecuados y armonía de usos. Al ignorarlo, la Dirección de Planificación Urbana (DPU) incumple por completo su función fiscalizadora, establecida en el artículo 81. Asimismo, vulnera la Ley 6 de 2006, la cual define la zonificación como una división territorial para regular usos de suelo homogéneos. La ley exige un sistema integrado de planificación y en ninguna parte faculta la aprobación de cambios dirigidos a lotes individuales.
Otorgar incrementos lote por lote genera el denominado spot zoning. Como indica el Plan Metropolitano del MIVIOT (2018), esta práctica constituye una aberración del concepto estándar de zonificación y es un detonante de constantes conflictos. Ya en 2015, el Plan de Acción Panamá Metropolitana (MUPA-BID) alertaba sobre esta densificación sin control, desarrollada parcela por parcela y con densidades desproporcionadas, ignorando la capacidad vial y los servicios públicos. Como bien argumentó el arquitecto Jorge Riba ante la Corte Suprema de Justicia, la práctica de rezonificar por lote individual mella la calidad de vida y suele obedecer a la ignorancia, la complicidad o la corrupción.
A este desborde técnico se suma un grave déficit democrático que pisotea la Ley 66 de 2015, de Descentralización. Las Juntas de Desarrollo Local no fueron notificadas ni consultadas para incidir en estas políticas públicas, violando los artículos 56 y 57 de dicha ley. Las autoridades evadieron el debate real mediante reuniones selectivas e informativas. Peor aún, en procesos como el Acuerdo No. 270 de 2025 para San Francisco, se permitió la participación de ciudadanos ajenos al corregimiento, viciando la consulta popular.
Como ciudadanos organizados, hemos acudido ante la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), pero impera un cómplice silencio administrativo. No podemos permitir que los funcionarios se extralimiten en sus funciones y despojen a la planificación de su base científica para convertirla en una subasta al mejor postor.
Exigimos la suspensión inmediata de este acuerdo y el respeto absoluto al PLOT. Como sentenció el afamado arquitecto Frank Lloyd Wright: “Después de todo lo dicho, él —el ciudadano— es realmente la ciudad”. Al defender nuestro entorno, defendemos el futuro de Panamá. Es urgente que las Juntas de Desarrollo Local y los vecinos se articulen ante esta fraudulenta jugada y exijan una tarjeta roja contundente. Este es un enérgico llamado a reaccionar colectivamente para detener un partido amañado que nos dejará fuera de juego y atrapados en el cemento.
La autora es arquitecta.
