Constituyente en su acepción más simple, significa que establece o constituye; la palabra paralela significa semejante, análogo, equivalente, parecido o comparable. La capacidad de establecer o constituir no puede ser condicionada, restringida o limitada, porque vulnera, desvirtúa, inhibe o desnaturaliza dicha facultad.
El poder público solo emana del pueblo; la voluntad ciudadana es el principio que le confiere legitimidad. Las dificultades surgen cuando factores de poder, como el económico, interfieren en la configuración del ordenamiento jurídico con el propósito específico de mantener intactas las estructuras institucionales y/o administrativas que garantizan la estabilidad de las reglas del juego, favorables a sus intereses de clase.
Estas reglas, que rara vez coinciden con los intereses de la mayoría, explican las profundas desigualdades que se expresan en pobreza, analfabetismo, desempleo y exclusión social. En el continente, el 10% más rico de la población tiene, en promedio, ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre. En cuanto a desigualdad social, Panamá ocupa el tercer lugar en América Latina, una realidad que, por sí sola, impone la necesidad de un nuevo e integral ordenamiento constitucional.
Debido al analfabetismo, especialmente el funcional, resultado del desmantelamiento y abandono de la educación, gran parte de la población ignora que, como sujetos de derecho bajo jurisdicción del Estado, contamos con garantías para proteger nuestra integridad y bienestar. No somos conscientes de estos derechos, y es tanta la ignorancia que la administración se propone criminalizar la protesta ciudadana, como si el rechazo masivo a la minería a cielo abierto no hubiera dejado ninguna enseñanza.
Si algo urge incluir en la Constitución es la participación ciudadana en las decisiones que afecten a la mayoría. El voto tiene que dejar de ser un cheque en blanco para que los elegidos sean verdaderos servidores públicos, no abusadores ni parásitos expoliadores del fisco. Es igualmente imperativo incluir la revocatoria de mandato, para que la población pueda remover a quienes no cumplan con sus deberes o defrauden a sus electores.
Dado que las condiciones políticas y socioeconómicas adversan un proceso constituyente capaz de legitimar el ejercicio del poder público, por la pérdida de autonomía, extrema dependencia y subordinación al Estado Profundo, la reorganización y participación social son de hecho indispensables y constituyen un desafío y un imperativo histórico.
La cooptación por la irrefutable empresa criminal conjunta ha convertido en instrumentos a muchos seudodirigentes, mientras que el descomunal rezago evidenciado en la descentralización paralela, en los “auxilios económicos” y en la venalidad e inoperancia de la administración de justicia, exigen cambios como los ya existentes en otras latitudes; por ejemplo: el derecho de conciencia, la libertad de expresión y la prudencia en quienes deben tutelar la integridad de los derechos fundamentales, todos ausentes en el Estado fallido.
La única salida racional es asumir el compromiso de legitimar el poder público; cruzarnos de brazos, convalidar el cambio de instrumentos, o peor aún, consentir el paralelismo, sería retroceder y perder la oportunidad de refundar el Estado.
El autor es médico
