En junio se cumplirá un año desde que se decretó que el agua en Azuero no es apta para consumo humano. Un año que, lejos de marcar un punto de inflexión, se ha convertido en un símbolo de abandono. Porque lo que debía ser una respuesta urgente y contundente terminó diluyéndose en promesas, en medidas temporales y en una peligrosa normalización de la crisis.
Pero esta historia no empezó en 2024. Desde 2012 y 2013 ya se encendían las alarmas por la presencia de atrazina en el río La Villa, una de las principales fuentes de agua de la región. Se sabía que había contaminación, que existían riesgos, que el modelo de gestión del recurso hídrico era frágil. Se sabía. Y aun así, no se actuó con la seriedad que el tema exigía. Hoy estamos pagando el costo de años de indiferencia.
Mientras tanto, la rutina quedó sometida a la adaptación de no tener agua. No hay rutina normal cuando no sabes si hoy vas a tener con qué cocinar, bañarte o simplemente vivir. Se almacena como se puede, se raciona hasta el límite, se estira cada gota. Hay casas donde el agua no alcanza ni para lo básico, donde todo implica escoger qué se sacrifica primero. Y, como si no fuera suficiente, la tasa de enfermedades sigue en aumento. Porque cuando el agua no es segura, todo se contamina. En Azuero, abrir la llave ya no es un acto cotidiano, sino un riesgo.
Y lo más indignante es que no estamos hablando de una sequía inevitable o de una catástrofe natural imprevisible. Estamos hablando de una crisis que tiene responsables. Porque no es lo mismo enfrentar un fenómeno natural que administrar mal y dañar un recurso vital. Aquí falló la prevención, falló la fiscalización, falló la capacidad de respuesta.
Se ha intentado vender la idea de que el problema se está atendiendo con limpieza de tuberías o con el envío de carros cisterna. Pero eso no resuelve el fondo. No se trata solo de que el agua llegue, sino de que sea potable y segura. Porque cuando la fuente está comprometida, todo lo demás es maquillaje.
A esto se suma el silencio. La falta de explicaciones claras, de informes concretos, de rendición de cuentas. ¿Qué se ha hecho realmente en este año? ¿Dónde están los resultados? ¿Cuál es el plan para que esta crisis no se repita? Las respuestas no llegan, y cuando llegan, no convencen.
Lo más peligroso es que la crisis se está volviendo costumbre. Que lo excepcional se está volviendo normal. Que vivir sin agua potable ya no genera la misma reacción que al inicio. Y ahí es donde el problema se vuelve aún más grave, porque cuando la indignación ciudadana se apaga y, como ciudadanos, no exigimos respuestas a un derecho humano básico, la inacción se fortalece.
Azuero no necesita más discursos. Necesita soluciones reales, sostenibles y urgentes. Necesitamos autoridades que entiendan que el acceso al agua potable no es un lujo, es un derecho.
Porque un año después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo es posible que en pleno 2026 haya comunidades enteras viviendo sin agua potable?
Y peor aún: ¿hasta cuándo?
La autora es abogada.
