Banco se declara culpable de lavado de dinero

Cuando hay fiscales comprometidos, se asegura la condena por la falta cometida. Se acepta la culpabilidad con el fin de evitar la dilación de un proceso judicial que podría extenderse por meses, causando un daño a la imagen. La divulgación del castigo busca disuadir a otros de cometer ofensas similares.

Este es un caso reciente de un banco que se declaró culpable de cargos criminales por no haber hecho lo suficiente para prevenir el lavado de dinero en sus unidades de negocio en Estados Unidos. Esta aceptación de culpabilidad resultó en una multa de 3 mil millones de dólares, además de la implementación de programas de cumplimiento, la destitución de decenas de empleados, una reestructuración con un límite de crecimiento de activos y la supervisión de un ente independiente. Un castigo proporcional al crimen cometido.

Si analizamos esto desde nuestra perspectiva, los entes responsables de procesar un caso similar serían nuestros equivalentes a la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante subrayar que la falta que originó los cargos criminales fue “no haber hecho lo suficiente para prevenir el lavado de dinero en sus unidades de negocio”.

Ahora, imaginen que algo similar ocurriera en nuestro sistema financiero. Lo que parece proyectarse aquí no es una falta de prevención de ilícitos, sino que algunos parecen estar incorporados en los portafolios de servicios, y en los procesos de debida diligencia, simplemente no se detectan. Es una mirada hacia otro lado. ¿Tenemos fiscalías dispuestas a cumplir su labor con diligencia? Eso sí, deben permitirles actuar sin intervención política.

Seguiremos apareciendo en las famosas listas grises mientras sigamos pensando que el problema está en otro lado y no tomemos medidas para enfrentar lo que está a plena vista. El narcoestado tiene sus tentáculos bien entrelazados en las actividades financieras, con infiltraciones en los organismos reguladores que le permiten mantener la opacidad en sus movimientos, lo que resulta en la falta de certeza de castigo. Quizás exista un apéndice del narcoestado encargado de las operaciones de lavado de dinero y relaciones empresariales. El Presidente afirmó que lo primero que hizo en su mandato fue “romper las cadenas que unían la política con el narcotráfico”. Recientemente reiteró: “En mi gobierno, la complicidad entre políticos y el crimen organizado se acabó”. ¿Será que ya comenzó una depuración en el Legislativo, los entes reguladores, los encubridores y facilitadores en el sistema bancario, así como entre los gestores de actividades ilícitas, y no nos hemos dado cuenta?

El Presidente ha proclamado recientemente la Operación Panamá 3.0, que se implementa desde el 10 de octubre, para combatir el pandillerismo, la delincuencia callejera y la inseguridad ciudadana. Si la justicia es igual para todos, también debería lanzar la Operación Panamá 3.1, enfocada en erradicar el crimen financiero, creando el pie de fuerza necesario para descubrir y castigar a estos criminales e infractores. No nos deje esperando la 3.1. Pretender erradicar el pandillerismo y el crimen callejero no compensa si deja intocada la criminalidad de cuello blanco, ya que ambos son igual de dañinos para el bienestar ciudadano. En Panamá se han destapado innumerables delitos de lesa patria que afectan a toda la población: evasión fiscal, sobreprecios, robos descarados, planillas fantasmas, notarías y puestos diplomáticos con “cashback”, desfalcos al Tesoro Nacional, entre otros. Si todos fueran castigados, no habría suficientes cárceles en el país.

Cuando lance la Operación Panamá 3.1, la ciudadanía decente, que no lo eligió a usted ni a las fuerzas del mal, podrá entender que la política no sigue entrelazada con el narcotráfico ni con el gobierno paralelo. Recuerde: ¡El no hacer lo suficiente es equivalente a no hacer nada! Usted transmite elocuencia sincera en sus discursos, pero el pandillerismo no es el único delito. La lista es extensa y todas las infracciones deben ser atendidas con la misma importancia y divulgación pública, pues la mayoría de los ciudadanos se lo reclama.

El autor es ciudadano