La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. El impacto de este flagelo sobre la calidad de vida de los ciudadanos debe obligar a los gobiernos nacionales, locales y sectores organizados de la sociedad a diseñar esquemas para su disminución y demostrar así, en un sentido amplio, el avance de la democracia, el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales a las que debemos aspirar todos los ciudadanos.
Buscar seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas, además de prever acciones delictivas como factores que amenazan y riñen contra la vida y libertad ciudadana. En Panamá, la inseguridad adquiere niveles alarmantes finalizada la dictadura e iniciados los gobiernos democráticos, llegando a los estados críticos actuales.
Ciertamente, no es sencillo encontrar mecanismos de prevención efectivos cuando hurgamos en los diferentes factores sociales que llevan a un individuo a atentar contra el prójimo. De hecho, debemos alzarnos ante esta problemática y apostar al cambio, presentar propuestas viables, escogiendo gobernantes que busquen beneficiar a quienes le damos nuestra confianza.
Las amenazas y peligros sobre las personas son diversos, a veces comunes a todo individuo, y paradójicamente, se perciben como cosa de determinados grupos sociales. Estos peligros pueden ser fenómenos aislados o que rebasan las fronteras políticas establecidas, alcanzando una dimensión internacional. Los ciudadanos no podemos olvidar que el hogar y la crianza de los hijos con base en valores es el escenario por excelencia, para prevenir.
Pese a que son muchas las voces que se alzan en ese sentido, los responsable en materia de seguridad hacen caso omiso y la inseguridad persiste. Necesitamos atender con extrema urgencia la prevención, la reinserción y desigualdades socioeconómicas en el país. Aunque este último es perenne, se ha convertido en la excusa perfecta para delinquir, ante la ausencia de principios éticos, morales y espirituales, que ya no se enseñan en casa.
Alcanzar la tan anhelada seguridad, implica interiorizar responsabilidades y compromisos como ciudadanos, que no solo sean cosas que las autoridades deben adoptar. Pensamos que exigiendo penas más altas, bajar la edad de imputabilidad de los menores y poner más policías en las calles es la solución para erradicar la inseguridad, no lo es.
En suma, la seguridad es un bien común esencial para el desarrollo sostenible. Alcanzar esa seguridad que tanto anhelamos en Panamá, debe incluir el acceso justo a otros bienes comunes como la educación, la justicia, la salud, en fin, la calidad de vida que nos merecemos los panameños. Desarrollar este bien común, no consiste en utilizar las normas legales como medio exclusivo de represión, ya que debe haber un equilibrio.
El autor es estudiante de investigación criminal y seguridad.