Cuando los sindicatos, los docentes en huelga o cualquier grupo —ya sea por la falta de agua, un apagón eléctrico o cualquier otra causa— deciden cerrar calles, el presidente de la República enfrenta un dilema tan viejo como el poder mismo: ¿ser firme y garantizar la libre circulación, o ceder y convertirse en rehén de quienes creen que solo en la calle pueden lograr sus objetivos?
La opinión pública, tan variada como volátil, suele ver este dilema como una decisión entre actuar con paso firme o con vacilación. Es un verdadero callejón sin salida: si el presidente actúa con mano dura, lo tildan de represor; si no hace nada, lo llaman blandengue. Y, como siempre, él queda como blanco de todas las críticas, por ser demasiado duro o demasiado débil.
En el fondo, se trata de encontrar un equilibrio entre el respeto al derecho de protesta y la obligación de garantizar el derecho de todos a circular y trabajar. Porque, aunque algunos crean que cerrar calles es la única forma de que el gobierno los escuche, la realidad es que afectan a miles de panameños que nada tienen que ver con la solución de sus problemas, pero que sufren en carne propia los abusos del mal llamado “derecho a protestar”.
¿La solución? Aplicar la ley con criterio y sin complejos. La fuerza legítima del Estado no es represión si se usa para restaurar el orden y proteger los derechos de todos. Lo que se necesita es un liderazgo que no tiemble, pero que tampoco pierda la cabeza. Porque, al final, el verdadero liderazgo no consiste en hacer lo que es popular, sino en hacer lo correcto.
El autor es abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
