Las autoridades deben proteger nuestra vida, honra y bienes. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Nadie tiene derecho a tomar la justicia por su propia mano y eso hace inexcusable la inacción de nuestras autoridades frente a todo lo que acontece. Ayer, después de que transportistas de carga varados en Horconcitos atropellaran a dos de los manifestantes que mantenían bloqueada la vía Interamericana, el Ministerio Público rápidamente anunció la apertura de una investigación de oficio.
Pero desde el 11 de julio pasado, el abogado Leonel Sanjur presentó una denuncia contra quienes obstruían las vías en Chiriquí, por los delitos contra la seguridad colectiva, contra la administración pública y contra el ambiente. En su denuncia, Sanjur pedía que se realizara una inspección judicial urgente. Por supuesto, si un fiscal encontraba a personas en flagrante delito, tendría que haber actuado así que, como usted ya imaginará, esa diligencia jamás sucedió y, que sepamos, nada pasó con la denuncia de Sanjur. Ahora, cuando hay quienes terminaron en el hospital, es que la fiscalía ha corrido a investigar, pero, ¿cuántos han sido detenidos en las últimas tres semanas por cerrar esa vía, arrojar piedras a los vehículos y hasta pedir dinero a los conductores?
Por otro lado, ¿por qué el gobierno se sentó en esa mesa única en Penonomé, sin haber restablecido antes la libre circulación en las calles? Y las vías no es lo único que permanece cerrado; también las escuelas. Hoy se cumplen 18 días desde que se declaró la huelga docente y los que hasta hace poco se negaban a retornar a las escuelas si no recibían vacunas Pfizer, sin importarles la suerte de 800 mil estudiantes, ahora dicen que las clases estarán suspendidas hasta que el gobierno “demuestre que quiere resolver los problemas”. ¿Acaso no son ellos parte del problema? Parece que si no fuera por el descrédito de esta administración, ya habrían regresado a las aulas.
A propósito de los centros de educación, el pasado miércoles, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Marcela Galindo, pidió la renuncia inmediata de la rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas. Y es que, de todo esto, los empresarios recibieron una gran enseñanza: corrupción es corrupción, no importa de qué la vistan, y no tiene que haber una ley que diga el nombre de la universidad en la que se aprovechan los recursos del Estado con fines politiqueros.
Los que parecen haber sacado una “F” en esa materia, son los miembros del Consejo General Universitario de la Unachi, que se apresuraron a emitir una resolución expresando que eso que pide la presidenta de la Cámara es un irrespeto a la “autonomía e institucionalidad universitaria”, ya que la Ley 4 de 2006 reconoce que la Unachi es una institución de educación superior “autónoma, oficial y estatal”. Es un descaro que hayan invocado la misma ley que fue modificada en dos ocasiones para acomodarla a los caprichos de la rectora. Bueno, quizá todos podamos sacar otra lección de lo actuado por los miembros del Consejo General Universitario de la Unachi: no sólo hay que pedir la renuncia de la rectora; también la de todo ese colegiado.
