Pocas cosas en la vida suceden al azar. En la mayoría de los casos, suelen enviar señales desde sus etapas más tempranas. Pero a veces, algo en nuestra naturaleza nos lleva a ignorar esas alertas. Y es así como coleccionamos problemas familiares, laborales, financieros, de salud y, en el ámbito colectivo, sociales, entre otros. Algo así sucede con nuestra Asamblea Nacional (AN).
A pesar de los millones que desfilan por el Palacio Justo Arosemena, eso no siempre fue así. En 1990, el primer año post invasión, la Asamblea funcionó con un presupuesto de $11.2 millones. Usted leyó bien. Al año siguiente, aumentó a $13.2 millones. Y así, progresivamente, cada año fue escalando. Veamos las cifras de los últimos años electorales: en 2009, el presupuesto de la AN era de $57.6 millones. Cinco años después, cuando Martinelli había hecho shopping de curules (famosa es la frase que utilizó entonces, para justificar el transfuguismo: “qué culpa tiene la rama, si la rana brinca y ensarta…”), el monto asignado era de $65.6 millones. En la siguiente y última elección (la de 2019), esa cantidad se había prácticamente doblada: $123.2 millones de presupuesto. En una empresa, si crecen desproporcionadamente los gastos sin ningún plan de inversión a la vista, generalmente es porque alguien se está apropiando de los recursos. Pero en la AN, todo vale.
Y eso no es todo. El año pasado, la AN debía funcionar con $107 millones. Gracias a una nota de Dalia Pichel publicada en este diario, se sabe ahora que terminaron en $200.9 millones. ¿Cómo lo hicieron? Después que aprobaron el presupuesto general del Estado por ley, confirmando el poco respeto que tienen por las normas de este país, a lo largo del año se engordaron la billetera con traslados de partida y créditos adicionales. Si el país está en crisis (por la pandemia, por Ucrania, por el alza del petróleo, por la inacción de Cortizo, por lo que sea…), eso no es problema de los diputados: ellos siguen derrochando en planillas, boquitas, flotas vehiculares, consultorías… Y todavía nos miran como si estuvieran perdonándonos la vida o hubiese que darles las gracias. ¿Cómo puede un órgano hacer que su presupuesto de funcionamiento crezca 1,693.7% en 31 años?
Y si usted cree que este año la cosa pinta mejor, pues no. Para 2022, los diputados se aprobaron un presupuesto de $143.9 millones y en siete meses ya se han llevado $200.4 millones. ¿Cómo creen que va a terminar esto en diciembre? ¿Acaso alguien piensa que esta tendencia se va a revertir sola? ¿Dónde están los mecanismos de pesos y contrapesos en el Ejecutivo? ¿O es que lo que es un secreto a voces en Panamá, que los diputados tienen secuestrado el órgano Ejecutivo, ya lo hicieron oficial? Si seguimos así, habrá que modificar la Constitución, pero no para adecuar nuestra estructura como Estado, sino para ajustar el nombre del país a lo que verdaderamente sucede en él: República Legislativa de Panamá.
