La ciudad amanece más tranquila, ahora que una juez civil dejó sin efecto el acuerdo municipal que autorizó la construcción de un nuevo mercado de mariscos en la cinta costera. Pero sin ánimo de amargarle la celebración a nadie, la población debe tener presente que esa suspensión es provisional y que el alcalde ha demostrado tener una dudosa virtud característica de la hierba mala: cuando uno piensa que la ha erradicado de raíz, con la primera llovizna renace y crece nuevamente. Solo hay que recordar lo que ocurrió con el proyecto de la playa: la Corte concedió un amparo contra ese proyecto y cualquiera habría creído que no había que preocuparse más por la bahía y su entorno. Hasta que al funcionario se le ocurrió lo del nuevo mercado. En pleno proceso de recolección de firmas para la revocatoria de su mandato, insiste en empujar proyectos cuyo único propósito pareciera ser servir de plataforma para el lanzamiento de contratos con fondos municipales. Y, de paso, hacer creer a la población que ha hecho algo de lo que prometió en campaña.
Tres días antes de la orden de suspensión de la juez, la Alcaldía divulgó el pliego de condiciones para la construcción del nuevo mercado. La licitación fue convocada bajo la modalidad llave en mano, por un monto de $43 millones, financiados con fondos de la descentralización, procedentes de la recaudación del impuesto de bien inmueble (IBI) que pagan los contribuyentes. Estas recaudaciones han disminuido notablemente desde el año 2020, producto de la pandemia, y muchos municipios del país recibirán menos de lo proyectado, pero eso no ha sido impedimento para que Fábrega avance con sus ideas faraónicas. La intención del alcalde era recibir las ofertas el 21 de junio (es decir, en 51 días) y que el mercado estuviera listo en dos años (730 días calendario), de modo tal que a él le corresponda cortar la cinta inaugural (si sigue en el cargo). Sobre el actual mercado de mariscos, lo quiere demoler y convertir en un mercado de artesanías, lo cual —desde luego— será objeto de otra licitación. El pliego de condiciones señala que el contratista decidirá de qué categoría será el estudio de impacto ambiental. Pero, ¿acaso no saben desde ya cuál es la envergadura del proyecto? Todo esto demuestra que aquí lo importante es cerrar el acuerdo a toda prisa.
Es perturbador descubrir que, después de casi tres años ocupando el segundo cargo de mayor perfil político del país, el alcalde no parece haber entendido el rol que debe jugar la población en un gobierno local verdaderamente descentralizado. No sabe siquiera distinguir entre una elección y una consulta ciudadana. Esta semana, en el programa Cuarto Poder, espetó la tesis de que la consulta del mercado se hizo el 5 de mayo de 2019, cuando poco más de 173 mil residentes del distrito capital votaron por él como alcalde. Ese planteamiento, por supuesto, es falso: Panamá ya ha tenido consultas en procesos electorales y para eso hay una papeleta aparte. Además, si está tan convencido de que hubo consulta en mayo de 2019, entonces, ¿para qué metió a 25 personas en la junta comunal de Calidonia, en pandemia y sin vacuna, en noviembre de 2020? Esa es la mejor prueba de que él mismo se contradice y lo que dice es falso. Otro preocupante y disparatado razonamiento del alcalde, es que el causante de que la consulta en Calidonia fuera de solo 25 personas, es el Minsa, por las limitaciones sanitarias en cuanto al aforo y el distanciamiento social. Eso solo indica que la consulta no podía hacerse en aquel momento, como nadie tampoco podía hacer una boda, un cumpleaños o un concierto. ¿Realmente hay que explicarle eso? Si cada proyecto que hace, supuestamente para beneficio de la comunidad, debe ser defendido con mentiras descaradas y argumentos que se contradicen, definitivamente no opera en el mejor interés de la población.
