El 13 de julio pasado, mientras el país se sacudía con protestas y cierres por el alto costo de la vida y la corrupción, la junta directiva de la Asamblea Nacional anunció unas “medidas de austeridad”. Como parte de ese plan, se señaló la “suspensión de aumentos salariales y nombramientos permanentes”. El poco valor que tienen las promesas de los diputados no debe sorprender a nadie y, como la contención del gasto es una de sus némesis, han hecho exactamente lo contrario a lo que indicaron hace casi dos meses: flexibilizaron los requisitos de ingreso a la carrera legislativa y así blindaron la planilla de sus colaboradores, justo cuando la mayoría de los diputados se prepara para buscar la reelección, en mayo de 2024.
Ese proyecto de ley fue presentado el 13 de septiembre de 2021 y su proponente fue Raúl Pineda. Luego lo engavetaron por un año y, de repente, en ocho días le dieron los tres golpes: fue aprobado en primer debate el 24 de agosto; en segundo, el 31 de agosto, y en tercero, el 1 de septiembre. La propuesta original contemplaba una ambiciosa tabla de incentivos por retiro voluntario (con “derecho” a goce de 6 a 12 meses de salario como indemnización, en adición al monto correspondiente a la prima de antigüedad y a una “bonificación”) y la entrega, en diciembre, de un bono de $300 (que sería “revisado e incrementado” cada dos años), a todo el personal de carrera y de planilla permanente. Eso prácticamente haría casi tan rentable ser una botella, como dejar de serlo. Pero el acto de alevosía no se limitó a establecer indemnizaciones por retiro. Veamos…
Con cierta frecuencia, los proponentes deliberadamente introducen artículos en los proyectos de ley, con el propósito específico de despertar el repudio general; luego, los retiran mansamente y, de paso, ese acto de “magnanimidad” les permite fingir que son sensibles al clamor ciudadano. Así, eliminan lo que siempre supieron que no conservarían y agregan, a cambio, el contenido que sí les interesa. Usualmente eso lo hacen en el segundo debate, porque saben que en el tercero nadie puede modificar nada. Fue así como en primer debate sacaron lo del bono navideño y, en segundo, agregaron lo realmente trascendental del proyecto de Pineda: un artículo para establecer un procedimiento “especial” en la carrera legislativa, aplicable a todo el personal que tenga un mínimo de dos años “en la estructura administrativa permanente” de la AN.
Pero ahí no acaba el asunto: este procedimiento especial de ingreso será aplicable únicamente por los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Es decir que se crea para beneficiar no solo a funcionarios que hoy no tienen derecho a eso, sino también a las botellas que ingresaron en el periodo 2019-2024. ¡Ah!, porque el proyecto advierte que, para acogerse al procedimiento especial de ingreso a la carrera legislativa, el personal que no está en su puesto deberá “retornar a su posición permanente”. Parece que es la primera vez que se atreven a legitimar las botellas, en una norma.
Con estos beneficios, cualquier entidad que hace 30 años funcionaba con un presupuesto de $13.2 millones, ahora necesita $150 millones, como el que ahora reclama la AN. La horda de zánganos que tienen ahí no se va a alimentar sola. Y esto pasa porque el día que los diputados salen a pedir votos, los reciben en muchas comunidades como si fueran superhéroes de la liga de la justicia. Un mes de protestas callejeras no es nada, cuando la gente que debería estar indignada sólo aguarda la visita en tiempos de campaña para preguntar “¿qué hay pa’ mí?”.
