La asociación ilícita, también conocida como concierto para delinquir, es un delito que, de acuerdo con el Código Penal, se da cuando tres o más personas se conciertan con el propósito de cometer otros delitos y, por ese solo hecho, prevé pena de prisión. La Corte Suprema ya reconoció que al agruparse esas personas en forma duradera, con el propósito de alcanzar un fin criminal, configuran la asociación ilícita. Ni siquiera es necesario que efectivamente hayan intentado cometer el delito planeado; el simple hecho de organizarse ya es un delito. Los imputados por asociación ilícita suelen ser pandilleros, pero, ¿qué sucede cuando los que entran en un armonioso concierto son diputados? Veamos si sus “organizaciones” son distinguibles entre sí. En ambos casos, hay una “membresía” y una jerarquía reconocida; las normas de conducta que deben seguir no están escritas -pero su violación seguramente tiene consecuencias-; hacen respetar su territorio, y se llevan por delante a todo aquel que se ponga en el camino. Quizá se diferencian en que una pandilla no requiere saco y corbata para trabajar y en que unos tienen nombre -Toca y Muere, Bagdad, Tiny Toons, Calor Calor- y los otros no, aunque son miembros del partido X, la bancada Y o la comisión legislativa Z. Otra gran diferencia, pero más disimulada, es que tres o más diputados jamás serán procesados por asociación ilícita, ya que nadie los denuncia por eso y mucho menos aporta la infame prueba sumaria. Entonces, están a salvo. Habrá quienes nacen con un pecado original; los diputados, en cambio, gozan de una impunidad original.
No debemos pasar por alto otro factor que los asemeja a una pandilla: su actuar representa una amenaza para la sociedad. Cuando los diputados “concertados” proponen y hacen leyes, es el interés del país el que está en riesgo, porque esas normas serán de aplicación general, así que todos tendrán que aguantárselas. Así, vemos cómo esta semana aprobaron una propuesta para “mejorar” el salario de los alcaldes, representantes y sus suplentes. Y también rechazaron un proyecto que presentó el Mici para derogar dos leyes (las números 122 de 2019 y 314 de 2022) que otorgan créditos fiscales por hasta el 100% del valor de las inversiones turísticas. Hasta la propia Cámara Panameña de Turismo había pedido la derogatoria inmediata de las dos leyes. Pero los diputados de la Comisión de Comercio decidieron archivar la derogación propuesta por el Ejecutivo, aunque a esas alturas (por si acaso), el mismo diputado que propuso la Ley 314 (un tal Melchor Herrera) había presentado otro proyecto para mantener a flote esos incentivos fiscales. Seguramente Melchor, de turismo, solo sabe cómo reservar una habitación, pero ahora actúa como si el futuro dependiera de esos créditos, en un país donde hay estudiantes ahogados por falta de infraestructura adecuada para llegar a la escuela.
Mientras la Constitución mantenga una figura tan disfuncional como la investigación penal de los diputados a través de la Corte, con un privilegio como la exigencia de una prueba sumaria o idónea o lo que sea, esta gente se va a seguir riendo en la cara de todos nosotros. Incluso, del presidente de la República.
