La Constitución no exige a los diputados saber leer y escribir, tener experiencia laboral, aprobar una prueba de aptitudes o, a juzgar por la cantidad de choferes, tampoco una licencia de conducir. Ni aún haber ayudado a una abuelita a cruzar la calle. Na-da. Solo haber cumplido 21 años de edad y no haber sido condenado por cierto tipo de delitos -o ser suficientemente hábiles para no haber recibido una condena-.
Un estándar tan bajo no les ha impedido hacerse del verdadero poder en el país. Y no porque aprueben leyes, que es su función constitucional (o las engaveten). Tan solo en la última semana han citado funcionarios, creado ministerios, dictado la política criminológica del país, dispuesto el reparto de bonificaciones y reordenado el presupuesto general del Estado. Y si el Ejecutivo les devuelve algún proyecto de ley sin sancionar, lo aprueban (si les da la gana) por insistencia.
Y mientras los funcionarios del Ejecutivo tienen que ir a la Asamblea cada vez que los citan, los diputados no le rinden cuentas a nadie. Son unos semidioses que, incluso, pueden decir lo que les dé la gana, impunemente. Si a mitad del año dijeron que se acogían a un plan de contención de gastos y terminaron gastando $11.9 millones de más durante la supuesta austeridad, no pasa nada, ya que ni siquiera son responsables de sus votos y decisiones en el ejercicio del cargo, gracias al artículo 154 de la Constitución, que constituye una licencia para la demagogia.
Si las cárceles son escuelas del crimen, la Asamblea se ha convertido en una academia de la apropiación de la gestión pública, a punta del insulto, el chantaje, las encerronas en el cuartito o lo que sea necesario.
Toda familia de lobos que se respete tiene un macho alfa. En el Legislativo, las riendas las lleva la Comisión de Presupuesto, un virtual filtro de los fondos públicos que ha aprendido a dejar pasar a través de su malla las partículas más pequeñas del presupuesto, y a retener las grandes para apalancar su poder.
Esta semana, recomendaron modificaciones al presupuesto general del Estado de 2023, por $459.4 millones. Esto se traduce en más dinero para unas instituciones, en detrimento de otras. Ante la Comisión de Credenciales, los hospitales más grandes que operan en el sector público pidieron más dinero, porque el que tienen asignado no es suficiente. El Oncológico, que anualmente atiende a 4 mil pacientes nuevos de cáncer, pidió $10 millones adicionales y se lo negaron.
El Hospital José Domingo de Obaldía, el principal de Chiriquí, dijo que en marzo ya no tendrá dinero para operar. Tampoco habrá más plata para la Senacyt y el Gorgas, las dos entidades científicas más perjudicadas en materia presupuestaria. En contraste, la comisión sí dispuso más plata para las alcaldías, las juntas comunales, el DAS, la Unachi… Esas son sus reales prioridades.
Y no es que nadie le advirtió al presidente que los diputados asaltarían la administración pública (como ya lo habían demostrado) y ser los gobernantes de facto de este país. Bastantes veces le increparon con ese tema durante la campaña y él, hablando en tercera persona, siempre decía que a partir del 1 de julio de 2019, aquí el que iba a gobernar “se llama Nito Cortizo”. ¿Dónde está la institucionalidad del país? Si alguien la ha visto, que avise.
