¿Cuál es la verdadera función de la Contraloría General de la República? Llevar las cuentas nacionales, fiscalizar todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos, y realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la correcta ejecución de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en caso contrario, presentar las correspondientes denuncias. Bueno, esto será así en muchas de las democracias modernas, pero no es necesariamente lo que sucede en nuestro país.
El pasado 5 de enero, faltando más de cinco semanas para el día de San Valentín, el señor contralor dedicó toda clase de piropos -sin que nadie se lo pidiera- al gobierno de Laurentino Cortizo, a quien, incluso, llegó a otorgar una calificación de A+, como si se tratara de un conductor de Uber. Gerardo Solís declaró sus sentimientos en el Consejo de Gabinete que se celebró ese día, al pie de las escalinatas del edificio de la Autoridad del Canal de Panamá. Quién sabe si la razón por la que las actas de esas sesiones fueron restringidas sea que Solís prodiga esas muestras de afecto al Ejecutivo en cada reunión del Gabinete, o si tan solo decidió declamar su poema en esta sesión, la que, rompiendo la costumbre, fue transmitida por televisión a todo el país. Aunque no es un notario, también dijo que “puede dar fe” del correcto manejo de todo el presupuesto general del Estado y aseguró que en la administración de Cortizo no se han dado “adelantos, sobrecostos y sobreprecios”. “Toda esta gestión se ha hecho sin corrupción”, aseguró tajante.
Pero esta demostración pública de afecto no es un hecho aislado. Hace un año, cuando acudió a rendir un informe al pleno legislativo, desestimó las críticas a la actual administración, minimizó los escándalos surgidos por las compras en pandemia, aseguró que PPC “sí cumplió con el contrato” de concesión, justificó el aumento de la contratación de funcionarios y dio un espaldarazo a las planillas de los diputados porque, según lo expresó en aquella ocasión, “tienen derecho a tener trabajadores comunitarios”.
Así que tenemos un contralor que no se da por enterado de las transferencias de fondos de la descentralización a favor de juntas comunales y municipios, avala el uso de las planillas legislativas para beneficio personal, no audita ni los auxilios económicos del Ifarhu y -como reconoció la Contraloría en una nota dirigida al abogado Ernesto Cedeño- no tiene curiosidad por conocer quiénes son esos funcionarios con condenas por delitos penales que, además, son agentes de manejo, como es el caso de más de un presidente del Consejo Municipal de Panamá, por citar ejemplos muy recientes.
Si dedicara tanto empeño a cumplir su labor fiscalizadora como se esfuerza por ser el fan número uno del presidente, no tendría que echar mano de tanta adulación ni buscar una ley como la 351 del 22 de diciembre de 2022, para evitar conducir investigaciones y auditorias. ¿A alguien le importa que la Contraloría se maneje así? Esta habría sido una buena pregunta para incluir en el censo que inició hoy.
El año preelectoral apenas se está asomando. Por lo que pinta, no debe costar mucho imaginar la piñata de fondos públicos que habrá en 2024.
