¿Por qué, a pesar de haber tantas leyes, Panamá no parece tener aquellas que realmente necesita? Eso no se debe a la escasez de materia gris ya que, cuando se trata de obtener beneficios por encima de los demás, los diputados hacen gala de una sagacidad extraordinaria. Y si para ello los creadores del “¿qué hay pa’ mí?” tienen que ignorar y ridiculizar al propio presidente de la República, ante la vista de todos, no lo dudarán un segundo.
Esta semana, una banda de asaltacaminos legislativos -unos más enmascarados que otros- decidió montar una nueva emboscada a la planilla del Estado; esta vez, encañonándola con una de las armas más creativas que hayamos visto para apropiarse de nuestros recursos. Los “honorables” aprobaron, por insistencia, el proyecto de ley 890, que permite que aquellos alcaldes o ediles que laboran en alguna entidad al momento de su elección, escojan cuál de los dos salarios quieren percibir: el que ya reciben como funcionario o el que les corresponde en el gobierno local. Esta no es más que una fórmula creada por los diputados para eludir el fallo de la Corte de marzo de 2022, que declaró inconstitucional la licencia con sueldo en la administración pública. Cortizo advirtió que no tiene sentido establecer una licencia “sin” sueldo -como pretendían los diputados-, si el funcionario, tras ser electo como representante o alcalde, puede optar por el salario que su licencia no tiene. Ahora, los pistoleros de esta serie del oeste de quinta categoría, sin embargo, decidieron burlarse de eso y revivir lo que la Corte declaró inconstitucional, con un toque retórico: sería una licencia “sin” sueldo, pero con derecho a él; algo así como un híbrido de camarón legislativo injertado con cucaracha. Y para ornamentarlo, le colgaron una garrapata: para seguir gozando del salario que recibían en la entidad donde ya no trabajan, solo deben renunciar al sueldo que corresponde al cargo de elección popular. Eso significa que, si en mayo de 2024, una funcionaria como la rectora de Unachi es electa representante o alcaldesa de David, podrá quedarse con los $11 mil al mes que recibe en la actualidad, mientras ejerce en el gobierno local. Para burlar un fallo de la Corte, los diputados no necesitan violar una ley; simplemente la crean o modifican, ¡y ya está!
El otro proyecto aprobado por insistencia esta semana es el que otorga incentivos fiscales a las inversiones turísticas. Pareciera que los diputados ni siquiera leyeron las objeciones de Cortizo, porque han aprobado exactamente el mismo texto vetado en noviembre. No le cambiaron ni una coma. Además, el proyecto no solo blinda los créditos aprobados en las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022 (las que supuestamente serían derogadas como parte de los compromisos adquiridos, luego de un mes de protestas y cierre de calles en julio de 2022), sino que añade nuevas condiciones especiales a favor de las empresas turísticas y los inversores. Es extraño que, cuando uno piensa en el turismo, imagina cosas bonitas: playas con agua turquesa, arrecifes coralinos para bucear, vegetación exhuberante y coloridas aves tropicales… Pero, agréguele unos diputados a la fauna y el escenario se convertirá en uno de peligrosos depredadores, en una jungla de plata e intereses.
