La transparencia en la gestión pública es algo así como un don divino: es fundamental en una sociedad mejor informada donde, sin tener que rogar, se puede saber si los recursos públicos atienden necesidades genuinas de la población. Panamá tiene una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que padece una crisis de identidad, debido a que ni siquiera contribuye a acceder a la información oficial. Como la paja canalera, que no da frutos ni deja que otras plantas lo den, la Antai parece haber sido creada solo para existir. Y como prácticamente no hace nada que sirva -del mismo modo que la maleza-, es muy difícil hablar de ella. Es una entidad ineficaz e inoperante, que hasta marzo pasado tenía 83 funcionarios, entre permanentes y eventuales, con excentricidades como un “asesor-coach ontológico” que gana $3 mil al mes y que en redes se define a sí mismo como un “contador de historias”. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es un cuentero confeso?
Cuando la Antai se deja ver, uno se pregunta si no sería mejor que permanezca invisible. Así sucedió esta semana. El pasado martes, Elsa Fernández, su directora, presentó al Consejo de Gabinete una propuesta para “revisar y modernizar” la Ley 6 de 2002, sobre transparencia y acceso a la información pública, que -según dijo al presidente y sus ministros- había sido consensuada “con la sociedad civil, la academia y la Unesco”. Ese consenso es tan trasparente, que solo ella lo ve. Lo que sí vieron algunos miembros de la sociedad civil es que en 2020, la Antai abrió una consulta para recibir opiniones sobre posibles modificaciones a la Ley 6. Por tres años no se supo más, hasta que en una reunión el pasado 7 de marzo, la entidad presentó un anteproyecto que “deroga” la ley de 2002 y la reemplaza con una nueva normativa. Las organizaciones que conforman la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, allí presentes, hicieron algunas observaciones, pidieron ampliar las consultas y advirtieron que su participación de ese día no debía interpretarse como un aval o consenso. La Autoridad se comprometió a enviarles una nueva versión del documento, pero, en su lugar, llevó al Gabinete un proyecto unilateral y desconocido.
Por otro lado, también esta semana, mientras diputados admitían que algunos de sus colegas se eligen “gracias a las becas” del Ifarhu, la Antai -en otra muestra de incompetencia con iniciativa- afirmó que no se pudo probar que el Ifarhu incurrió en irregularidades o faltas a la ética al otorgar “auxilios económicos” a personas allegadas al PRD y la Asamblea Nacional. Pero como si fuera la gran cosa, instruyó al Ifarhu a divulgar la lista de estudiantes becados y a derogar la resolución en que declaró confidencial la información relacionada con la entrega de estos beneficios.
Hay tantos motivos para estar intranquilos, que resulta obvio que los ciudadanos necesitan más de un “coach” para aliviar ese estrés. Ahora la Antai adquirió más atribuciones, ya que es la receptora de las declaraciones de conflicto de interés de los funcionarios de jerarquía. ¿Qué harán con ellas? Ya les llegó la primera queja, después que la Presidencia insistiera en alquilar un local que es propiedad de uno de sus directores. Tanto la Procuraduría de la Administración como la Contraloría han advertido que hay un conflicto de interés, pero la Antai responde que inició su propio “proceso de investigación”. Con la cantidad de cuentos que todavía le falta por meternos, la directora ya debe estar aplicando como libretista en Disney.
