Desde la década pasada, la población parece estar en permanente vilo, sin terminar de digerir la información acerca de un chanchullo, cuando aparece otro. Cuando usted lea esta columna, seguramente ya habrá olvidado escándalos recientes como la adquisición de tierras estatales a cambio de centavos, el robo del fentanilo, el proyecto de extinción de dominio, la multa por la foto de Benicio o el contrato minero. Algunos escándalos incluso son repeticiones. Una muestra de esa dinámica donde todo va y viene es la vuelta de Martín Torrijos. Y más recientemente, la descentralización.
Lo que está pasando se veía venir. Primero, porque esos fondos siempre se han manejado con opacidad y discrecionalidad. Y segundo, porque al frente de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), el PRD puso a dos exalcaldes que no lograron su reelección en 2019: Francisco Vigil (de David) y Edward Mosley Ibarra (de Santiago). Vigil, rabioso defensor del doble salario en los gobiernos locales, se estrenó en ese cargo mientras gozaba de las ventajas del pluriempleo, ya que además de cobrar como director de la AND, devengaba $4,748 como profesor a tiempo completo y permanente en la Facultad de Derecho de Unachi. Él mismo habrá estado tan descentralizado, que alcanzó el don de la ubicuidad, y ello le permitió impartir clases en Chiriquí y dirigir la AND, a la vez. Luego salió con que impartiría sus clases los sábados y domingos, en formato virtual, “en el tiempo libre que me permite la institución”. No supimos más de él, hasta que fue remplazado por Ibarra, quien descentralizó la transparencia, pues a pesar del abultado presupuesto que maneja, no parece sentirse obligado a rendir cuentas, y quien tendría que exigírselo parece tener más interés en perseguir medios de comunicación. Además, la Asamblea le da un tratamiento tan deferente, que le aumentan su presupuesto sin que él lo pida. En octubre pasado, cuando le tocó sustentar el presupuesto de la AND para el año 2023, atendió el recorte sugerido por el MEF sin protestar y habló si acaso por 12 minutos, incluyendo el tiempo que dedicó a la proyección de un video de la entidad. Para contentarlo, la Asamblea logró que se le asignara $67 millones por encima de lo que tenía para 2022. En total, en este año preelectoral, la AND tendrá $353 millones para repartir en casi 680 juntas comunales y 81 alcaldías en todo el país.
Mientras, el Ministerio de la Presidencia, bajo cuyo paraguas está la AND, se lava las manos. El ministro José Simpson recordó que hay una resolución del 3 de febrero de 2021, que designa a Alexander Hepburn como representante del ministro de la Presidencia en la junta directiva de la AND. Esto es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre: Hepburn es un empleado de confianza del vicepresidente de la República y precandidato presidencial del PRD, Gaby Carrizo. Fue Carrizo el que lo designó como representante ante la AND. Luego se sorprenden porque la mayoría de los fondos de la descentralización está asignado a gobiernos locales controlados por el PRD. El tiempo que le hace falta a Hepburn para revelar información sobre el manejo de los fondos adicionales que se entregan a los gobiernos locales, lo emplea en cosas más importantes para él, como tomarse fotos con Caridad Kanelón. Además, mantuvo una relación con Elsa Fernández, la directora de Antai. Eso podría explicar el hoyo negro que se ha tragado la transparencia en este país.
Hepburn gana $6,000 al mes como “asistente ejecutivo”. No sabemos muy bien eso qué significa, pero en la planilla de la Presidencia hay hasta 65 personas que ostentan un cargo así, aunque no todos ganan esa cantidad. Algunos tienen el mismo título que Hepburn, pero reciben $800 al mes. No es el único enigma que esconde esa planilla. También hay 720 “promotores comunales”, casi todos con salario de $600. Todo el mundo se ruborizó cuando se conoció la contratación de promotores deportivos en la Asamblea, pero en la Presidencia ocurre en frente de todos sin que pase nada. También hay 31 asesores. ¿Para qué necesitan tantos? ¿Para que carguen una tarjeta de presentación con el escudo nacional y evitar que les pongan una boleta de tránsito cuando se estacionan mal? ¿Tienen trabajo? ¿Qué problemas han resuelto? Como si fuera poco, hay 230 “coordinadores de planes y programas”. ¿Para qué necesitan tantos? ¿Acaso hay 230 programas que requieren coordinación en la Presidencia? Si fuera así, este sería un país de primer mundo.
Parece que toda esta gente ha estado cinco años ahí sólo aguardando el momento de ponerse la gorra de “Yo estoy con Gaby”. Si logran que se quede cinco años más, quedará comprobado que en Panamá, todos los escándalos se repiten.
